Los Toscano y La Familia Michoacana se disputan control del Mercado Morelos
PUEBLA, Pue., 5 de noviembre de 2025.- Quince años de sangre, miedo y servicio no policial no recompensado.
Entre 2010 y 2025, más de un centenar de policías municipales y estatales de Puebla han sido asesinados en cumplimiento de su deber.
Detrás de cada cifra hay una historia: emboscadas en caminos rurales, ataques a comandancias, ajustes de cuentas y municipios rebasados por la delincuencia organizada.
Este recuento elaborado por Quadratín Puebla reconstruye, a partir de fuentes oficiales, hemerográficas y policiales, la evolución de los asesinatos de policías bajo los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Tony Gali Fayad, Miguel Barbosa Huerta, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Alejandro Armenta Mier.
El arranque de la violencia: gobierno de Rafael Moreno Valle (2011–2017)
Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, Puebla transitó de ser una entidad con relativa calma a convertirse en un corredor estratégico del robo de combustible, el trasiego de drogas y la expansión de bandas armadas.
Entre 2011 y 2017 se registraron decenas de ataques directos contra policías estatales y municipales, principalmente en los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tepeaca, Acatzingo y Amozoc.
Aunque no existía un registro público consolidado, notas hemerográficas documentaron al menos 45 asesinatos de elementos de seguridad, incluyendo mandos ministeriales, custodios y preventivos.
El auge del Triángulo Rojo coincidió con el crecimiento del huachicol y la aparición de grupos armados con capacidad de fuego superior a las policías municipales.
Transición breve y sangrienta: Tony Gali Fayad (2017–2019)
El breve gobierno de Tony Gali heredó el conflicto armado del sexenio anterior.
De acuerdo con el registro de Causa en Común, Puebla alcanzó su pico más alto de policías asesinados en 2018, con 30 casos, el mayor número de la última década.
Los ataques ocurrieron en municipios como Tehuacán, Huauchinango, San Martín Texmelucan y Amozoc, donde seis agentes murieron emboscados la noche del 15 de junio de 2018.
Durante 2019, ya en transición hacia el gobierno de Miguel Barbosa, el número se redujo a 22 casos, aunque varios con extrema violencia: policías decapitados, levantados y ejecutados por grupos locales de narcomenudeo y robo de transporte.
El gobierno de Miguel Barbosa Huerta (2019–2024): contención parcial, pero con heridas abiertas
La llegada de Miguel Barbosa trajo un discurso de depuración y profesionalización, pero las cifras muestran que la guerra contra el crimen siguió cobrándose vidas.
Según Causa en Común, los asesinatos de policías en Puebla fueron:
Sergio Salomón Céspedes: el interinato del reacomodo (2023–2024)
Durante el corto periodo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Puebla vivió un reacomodo en las corporaciones estatales y municipales.
En 2024, los reportes preliminares contabilizaron al menos 13 policías asesinados, muchos en hechos relacionados con narcomenudeo y robo de hidrocarburo.
A pesar de la reducción estadística, las condiciones de vulnerabilidad se mantuvieron: municipios sin capacitación, mandos improvisados y enfrentamientos en zonas rurales sin refuerzos de la Guardia Nacional.
Alejandro Armenta: un arranque con saldo rojo (2025)
En su primer año de gobierno, Alejandro Armenta enfrenta una ola de inseguridad que nuevamente pone en riesgo a los cuerpos de seguridad.
De enero a octubre de 2025 se han contabilizado al menos 10 policías asesinados, según recuentos hemerográficos.
La mayoría de los casos ocurrieron en el sur del estado y en la zona metropolitana, donde las estructuras delictivas ligadas al narcomenudeo y cobro de piso siguen activas.
El propio gobernador reconoció, en un acto público en septiembre, que “la violencia contra los policías es reflejo de un sistema institucional que los abandonó durante años”.
Cifras oficiales y hemerográficas (2018–2025)

Causa en Común, organización que desde 2018 lleva un registro nacional, advierte que Puebla sigue en el grupo de los diez estados con más policías asesinados del país.
Pese a los discursos oficiales, las condiciones laborales de los elementos —salarios bajos, falta de seguro de vida, armamento obsoleto y entrenamiento mínimo— no han variado de fondo.




