Nada personal

05 de enero de 2026

5:10

Por Pablo Ruiz Meza

Dos dictadores capturados en Latinoamérica con las respectivas acciones militares por el gobierno de Estados Unidos: Manuel Noriega y Nicolás Maduro. El primero, General y presidente de Panamá, y el segundo, el presidente de Venezuela durante 13 años, un chavista que en la última elección cometió el fraude electoral más vergonzoso en el continente.

Ambos fueron acusados por las autoridades estadounidenses de cometer delitos internacionales relacionados con el tráfico de drogas a la Unión Americana. Manuel Antonio Noriega Moreno fue perseguido en su propio país a partir del 20 de diciembre de 1989 cuando 20 millares de soldados de EU invadieron Panamá. Noriega se refugió en la misión diplomática de la Santa Sede y se entregó el 3 de enero de 1990.

El dictador Noriega luego fue trasladado a los EU custodiado por agentes de la DEA; fue juzgado y declarado culpable por narcotráfico, lavado de dinero y desaparición de opositores; lo sentenciaron a 40 años de prisión y murió en 2017.

Después de 36 años de lo ocurrido al dictador panameño, en un operativo diferente, pero también invasivo, soldados de la Unión Americana capturaron al chavista Nicolás Maduro, y fue trasladado a EU donde enfrentará un juicio en una corte de Nueva York, acusado también de narcotráfico.

A diferencia del presidente republicano George Bush con la detención de Noriega; el actual presidente de EU, Donald Trump, anunció que será su gobierno quien gobierne la “transición” en ese país, para apropiarse de los recursos petroleros. Evidentemente la acción militar de Trump es una afrenta a la soberanía de las naciones, como era una afrenta la dictadura de Maduro cometiendo fraudes electorales, encarcelando a los opositores y persiguiendo a los venezolanos.

Donald Trump puede demostrar con pruebas las actividades criminales de narcotráfico del chavista, pero no puede apropiarse de un gobierno, de la nación ni de la voluntad popular de los venezolanos que derrotaron al dictador en las urnas. El gobierno de EU debe contribuir con la ONU a hacer retornar la democracia en Venezuela, haciendo respetar el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 donde los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia.

Maduro, el dictador usurpador de la presidencia de Venezuela, debe responder por los presuntos delitos de narcotráfico, y de paso limpiar el nombre de México, como nación que utilizó el dictador para triangular la droga a EU, en complicidad con carteles mexicanos.

Los personeros de la presunta izquierda mexicana no pueden defender a un dictador, sino a una nación y a los venezolanos que padecen una dictadura que les robó el derecho a elegir. A nadie debería sorprender las posiciones de los gobernantes de la 4T, desde Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador hasta los gobernadores morenistas. Han salido en defensa de un dictador y han callado frente a las atrocidades de dictadores como Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la junta militar cubana, que reprimen y encarcelan a los opositores, así como suprimen libertades democráticas y los derechos humanos.

Morena y la 4T han salido a la defensa del dictador de Venezuela en la medida que se reflejan en él como partido y gobierno totalitario. El pueblo venezolano requiere la solidaridad internacional para que juzguen los crímenes de Maduro, se respeten las elecciones de 2024, y que el presidente Donald Trump se vaya y deje a los venezolanos gobernarse de manera soberana.