Nada personal: Huachicol laboral en los litigios de gobierno estatal

08 de octubre de 2025

4:55

Por Pablo Ruiz Meza

XxEl gobierno morenista exhibió un adeudo de 1 mil millones de pesos para cumplir laudos laborales a favor de servidores públicos que fueron despedidos de 2011 a 2016.

La revelación corrió a cargo del jefe del gabinete estatal, Jose Luis García Parra, al fijar en unos 110 millones de pesos el pago liquidaciones.

Aunque no dio mayores detalles, puso al descubierto una red de huachicol laboral que empezó a funcionar en el despacho de abogados laboristas de Abelardo Cuéllar Delgado.

Cuéllar Delgado, abogado laborista asesor de diversos sindicatos independiente, militante de Morena, utilizó como bandera política las demandas de reinstalación de burócratas del estado despedidos al inicio del gobierno del extinto Rafael Moreno Valle.

Los servicios del despacho no eran gratuitos, como ha sido su ejercicio profesional, cobra un porcentaje del 20, 30 o 40 por ciento de las liquidaciones, como parte de sus honorarios.

Como abogado laborista y con la bandera de los despedidos por el gobierno morenista, se unió a la campaña electoral de Luis Miguel Barbosa.

Después de los ocurrido en 2018, que motivó la elección extraordinaria, con la llegada de Barbosa al gobierno, Cuéllar fue designado titular de la Secretaría de Trabajo, y junto con él su despacho, con una cantidad de expediente de demandas laborales contra el gobierno.

Empezó entonces el huachicol laboral con un evidente conflicto de interés, porque si bien de manera formal dejó el despacho, los abogados ligados a él siguieron los juicios donde era juez y parte.

Instalado como titular de la Secretaría de Trabajo, con el control de los tribunales laborales, favoreció laudos en abierto contubernio con los abogados de su despacho.

Inició la trama del huachicol laboral al favorecer laudos a sus clientes que defendió antes de asumir el cargo con “pinchazos” al presupuesto estatal por más de 230 millones de pesos, del que se benefició con el cobro de honorarios en su despacho, similar al huachicol fiscal.

Esta práctica motivó una acusación pública del entonces gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la destitución del secretario del Trabajo y la demanda penal contra Abelardo Cuéllar, por autobeneficiarse con laudos laborales.

“Yo cuando invité a Abelardo Cuéllar no lo invité a ser abogado de interesados, miren nada más lo que está diciendo (en un desplegado se asumió como “perseguido político”), está confesando. Si lo que se está investigando es que él fue abogado y era parte de ello e influía. A ver, si él no hizo nada indebido que no se preocupe”, manifestó Barbosa para responder al extitular de la ST.

“Que sea la autoridad que está investigando la que determine su responsabilidad y que ahí aclare. ¿O qué pensaba que se iba a quedar así todo esto? ¿Que se estuvieran pagando millones y millones de pesos en liquidaciones donde él está interesado?”, reclamó el entonces mandatario estatal.

En su defensa, Cuéllar Delgado admitió que previo a su designación como secretario del Trabajo, “era pública su participación como asesor de los burócratas que fueron despedidos desde el sexenio de Rafael Moreno Valle, y, aun así, (subrayó) Barbosa me invitó a formar parte de su gabinete”; se limitó a insistir que se había separado del despacho, pero ganó todos los juicios.

De sustentar el gobierno estatal el adeudo de 1 mil millones de pesos (mdp) por los laudos de los despidos en otras administraciones, entre el 2011 y el 2016, García Parra debe aclarar si a los 230 mdp pagados en la gestión de Barbosa se suman los 110 mdp de esta administración, porque son 340 mdp pagados, más de la mitad de lo perdido en Banco Accendo.

Emprendidos los litigios contra del gobierno del estado, con el cobro del 30 al 40% de cobro de honorarios, el despacho de abogados se embolsará unos 40 millones de pesos, del huachicol laboral.

El gobierno deberá transparentar la identidad del despacho de abogados que emprendió los juicios laborales, determinar si existió el conflicto de interés, y si está vigente la carpeta de investigación en la Fiscalía General por la denuncia de Barbosa.