Nada personal: Gobierno y sociedad, juntos contra violencia y por la paz

El multihomicidio ocurrido en la Sala el Despecho es parte de una larga lista de hechos delictivos en los últimos años, no más ni menos importante al doble homicidio ocurrido en Zacatlán y al ataque armado a una fiesta sonidera en Atlixco.

Como ocurre en estos lamentables casos, desde la oficina de prensa de la SSP, como ocurre cotidianamente en la manipulación de la información, invariablemente filtran la versión de presunto “ajuste de cuentas” entre bandas criminales o un “ataque directo”.

Con esta práctica perversa pretender desviar la atención pública, evitarle responsabilidad a la corporación policiaca, o en el peor de los casos, favorecer una versión interesada en la comisión de delitos, principalmente relacionados a homicidios dolosos.

Esta estrategia mediática es equivalente en el terreno de las indagatorias criminalísticas a alterar las escenas del crimen, manipular las evidencias u ocultar a los presuntos autores. 

En muchos de los delitos cometidos en los municipios de la ciudad de Puebla y los municipios metropolitanos y en el resto de las localidades, aun no empiezan las indagatorias ministeriales y los mandos policiales hacen declaraciones públicas a la prensa, sin contar con evidencias, invadiendo facultades del ministerio público de la Fiscalía General.

Es inamisible que la declaracionitis de los mandos policiales y los gobernantes ensucien las investigaciones, contaminando el ambiente social donde, y lejos de ofrecer garantías de certeza jurídica, solo crean cortinas de humo a favor de otros intereses.

Jefes policiacos y gobernantes se convierten en ministerios públicos y jueces, de acuerdo con los propósitos e intereses en turno, al sentenciar culpabilidad de personas, violando el debito proceso y el principio de la presunción de inocencia de detenidos.

Lamentablemente ocurre lo mismo con la encargada de procurar la justicia y perseguir los delitos, la Fiscal General del Estado, al violar la secrecía de las investigaciones con señalamientos de presuntas autorías intelectuales o materiales, cuando no terminan las investigaciones.

Se debe reconocer la capacidad de respuesta coordinada de las policías estatal y municipal, y de las fuerzas castrenses para capturar a los presuntos responsables del multihomicidio en la zona comercial de Angelópolis, pero ese mérito se cae al suplantar facultades legales.

Solo un interés particular motivaría adelantar versiones como la del atentado “planeado” y la “historia” del departamento contratado para cometer el triple crimen, porque además de ser apresurada la declaración, invade de facultad de la FGE, indagatoria que no se hace en horas,

Es aberrante que voces interesadas o hipotecadas al interés político acusen de “carroñeros” a los periodistas y medios de comunicación que han informado del hecho delictivo por darle voz a las familias que han perdido a sus seres queridos en el ataque armado.

También resulta difícil entender el clasismo en la postura oficial de las autoridades y en la prevención y persecución de delitos, al preocuparles más lo ocurrido en Angelópolis y le resten importancia a doble asesinato ocurrido en Zacatlán y al ataque armado a una fiesta sonidera en Atlixco, ocurridos la misma madrugada del 14 de febrero.

Una y otra vez se comete el mismo error en la decisión en los cuartos de crisis de los gobiernos de condenar el presunto uso político de la oposición y la prensa sobre lo ocurrido en Angelópolis.

Esta estrategia inhibe el derecho ciudadano de manifestarse con libertad, como ha ocurrido en Mazatlán y Culiacán, Sinaloa contra la violencia generalizada, porque amedrentan el derecho de las familias afectadas y a los poblanos al derecho de manifestarse.

Puebla ya vivió un episodio parecido durante un gobierno morenista, durante la administración del difunto Miguel Barbosa, cuando miles de estudiantes de universidades privadas y públicas se manifestaron en marzo de 2020 en protesta por el múltiple asesinato de estudiantes de Medicina en Huejotzingo.

La certeza jurídica en las indagatorias de la FGE y tolerancia a la libre manifestación, deben ser la mejor apuesta del oficialismo, así como reforzar la estrategia policial, porque de otra manera ignorar el hartazgo social por la inseguridad pública y la violencia en Puebla, es pretender tapar el sol con un dedo.

Es necesaria una alianza del gobierno con la sociedad, a favor de la paz en Puebla.

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