A la vista Pública: Cablebús, el pacto de silencio; no preguntar

En los últimos años, la transparencia en México ha transitado por una ruta complicada: discursos que prometen apertura total, acompañados de prácticas administrativas que, en los hechos, colocan cada vez más candados al acceso a la información pública.

El caso del Sistema de Transporte por Cable en Puebla es un ejemplo claro, y preocupante, de esta contradicción.

Un ciudadano solicitó, mediante el mecanismo formal de acceso a la información, algo elemental en una democracia funcional: conocer los estudios que sustentan una obra pública de alto impacto social, urbano y financiero.

La respuesta institucional, sin embargo, no ofreció datos, diagnósticos ni evaluaciones técnicas. Ofreció, en cambio, una extensa fundamentación legal que concluye en una frase clave: la información está reservada hasta por cinco años.

Aquí vale la pena detenernos. La reserva de información es una excepción, no la regla. Su justificación debe ser estricta y proporcional.

Sin embargo, en este caso se recurre a un argumento cada vez más frecuente: divulgar la información podría “dañar el interés del Estado” porque el proyecto aún está en proceso.

Bajo esa lógica, cualquier obra en ejecución podría blindarse informativamente… justo cuando más escrutinio ciudadano requiere.

El problema es democrático. Cuando se reservan estudios técnicos, se impide evaluar si la decisión fue la mejor, si existieron alternativas, si los costos están justificados o si los impactos sociales fueron considerados.

Además, estas respuestas refuerzan una narrativa peligrosa: la idea de que la ciudadanía debe confiar sin preguntar.

Pero la confianza pública no se decreta; se construye con información abierta y verificable. Blindar documentos bajo el argumento del “interés del Estado” termina confundiendo al Estado con el gobierno en turno y debilita la rendición de cuentas.

Este caso deja una lección incómoda: la transparencia no se pierde de golpe, se erosiona gradualmente, mediante reservas amplias y decisiones que rara vez se discuten públicamente.

El reto no es menor. Si normalizamos que los grandes proyectos se decidan en la opacidad técnica, el debate público se vacía y la participación ciudadana se reduce a opinar sin información.

Porque al final, las obras pueden elevarse sobre la ciudad, pero la confianza pública solo se sostiene cuando la información circula a ras de suelo, al alcance de todas y todos.

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