Hablemos de salud integral
Ser militante de Morena, dirigente, legislador, gobernante, pariente o compadre de un mandamás de la Cuarta Transformación (4T) -como fue costumbre en el régimen priista- es garantía de impunidad ante la ley, obtener contratos, enriquecerse, empleos, privilegios, lujos, tráfico de influencias…
Del otro lado de la moneda, ser opositor o pensar diferente a Morena a los gobiernos de la 4T, es garantía de violación a tus datos personales, persecución con auditorías del SAT, vigilancia de la UIF.
Además, la acción inmediata del ministerio público, jueces estatales y federales; violentar la presunción de inocencia, no tener un juicio justo, ser perseguido por la Marina, Ejército y la GN, ser acusado sin ninguna prueba para ser detenido con prisión oficiosa, vincular a los presuntos a proceso, ser víctima de linchamiento mediático del aparato gubernamental…
Todo el peso de la ley contra los enemigos políticos o quienes no piensen igual a ellos, protección e indulgencia con los morenistas gobernantes, desde faltas administrativas, delitos del fuero común o federal, y no ser molestado por la justicia.
Así ocurre con el trágico accidente del tren interoceánico que causó la muerte de 14 personas y un centenar de pasajeros heridos.
Como ocurrió con el accidente en la Línea 12 del Sistema de Transporte Metro en la Ciudad de México, en el que fallecieron varios usuarios, ni una sola autoridad responsable fue a prisión por ese hecho lamentable.
Una suerte similar de impunidad de observa en el caso del accidente del tren interoceánico, donde está involucrado en la responsabilidad uno de los hijos del Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo, con presunto cargo honorario, pero con facultades de asignar contratos millonarios a sus amigos y empresarios favoritos de la 4T, por no hablar de actos de corrupción.
En la era de la 4T actos criminales quedan impunes ante la mirada de impotencia de los mexicanos, que por mucho menos, son juzgados, exhibidos y linchados en la plaza pública de las mañaneras de la propaganda totalitaria de gobierno bananero.
Ante la vista de los ciudadanos, una fiscal General como la sinaloense alteró evidencias para encubrir el asesinato de un diputado durante el secuestro del narco Ismael Zambada, ni la fiscal ni el gobernador Rubén Rocha fueron investigados ni procesados, pese a lo evidente.
Por tratarse del grupo político de AMLO, y ante las múltiples evidencias, el senador Adán Augusto López goza de impunidad y de los millones de pesos -muchos de ellos ilícitos- sin que ninguna autoridad judicial lo investigue y llame a cuentas.
Con esa facilidad de cometer presuntos ilícitos, casos vergonzantes como el enriquecimiento de Gerardo Fernández Noroña con la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, y sus viajes de lujo, sin que nadie le llame a aclarar el origen de sus ingresos.
En Puebla, solo por citar un par de casos, agentes ministeriales y fiscales de la FGE sorprendidos en flagrancia por el delito de extorsión en agravio de un empresario proxeneta, solo fueron destituidos del cargo, y se pasean impunes en el Estado de México.
Es la misma fiscalía General -y juzgados- que actúan con celeridad para perseguir a comunicadores e inventar delitos a alcaldes para revocarles el mandato por motivaciones políticas…
Secretarios del gabinete federal como Mario Delgado, hasta ministro de educación es, pese a estar involucrado con huachicoleros tamaulipecos del huachicol fiscal para financiar las campañas de Morena.
Bueno, el doctor muerte premiado con un cargo diplomático pese a la negligencia que causó los cientos de miles de fallecimientos por el covid.
Ya que decir de Andrés Manuel López Obrador, con el control de las fiscalías, las cámaras legislativas y el Poder Judicial a su servicio, al estilo impune de los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o de la mafia rusa de Putin o Corea del Norte, goza de total impunidad por los abrazos a los cárteles con asiento en la 4T.
Esas sí son dictaduras, no como las que pretende Donald Trump.