México: desapariciones con responsabilidad estatal

Michoacán México no fue señalado. Fue exhibido. Y no por cualquier actor, sino por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que el pasado 2 de abril activó el mecanismo más severo de su Convención al pedir que el caso mexicano escale a la Asamblea General. No es un trámite burocrático: es la antesala de un juicio moral internacional.

La ONU no titubea: hay indicios fundados de desapariciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según el propio pronunciamiento del organismo difundido por la Oficina del Alto Comisionado. El golpe no está sólo en la etiqueta jurídica.

Está en lo que implica: que México dejó de ser un país con crisis de seguridad para convertirse, a ojos del sistema internacional, en un territorio donde la desaparición opera como fenómeno sistemático. No importa si es política deliberada o suma de omisiones: el resultado es el mismo. Un patrón.

Los números son el acta de defunción del discurso oficial. El propio Gobierno reconoce —en su informe del 27 de marzo de 2026– que existen 394,645 registros históricos de personas desaparecidas. De ellas, 132,534 siguen sin ser localizadas. Es una cifra que desborda cualquier narrativa de control. Es, en términos reales, una población entera tragada por la tierra.

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