Mantiene FGE investigaciones en Tlachichuca contra los González Vieyra 

PUEBLA, Pue., 13 de octubre del 2025.- Como parte de las investigaciones en torno a los hermanos González Vieyra, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas diversas diligencias en el municipio de Tlachichuca.

Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, exalcaldes de la región, enfrentan procesos penales por delitos de secuestro, extorsión, encubrimiento, portación de armas y uso indebido de recursos públicos.

De acuerdo con los expedientes activos de la FGE y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla consultados por Quadratín Puebla, el caso continúa en etapa de investigación complementaria, con auditorías, cateos y revisión de cuentas públicas que buscan esclarecer el posible desvío de recursos y la comisión de delitos de orden patrimonial y penal.

El pasado 8 de octubre, la FGE intentó ejecutar una orden de cateo en varios inmuebles vinculados a la familia González Vieyra en el municipio de Tlachichuca, la cual estaba respaldada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No obstante, el operativo fue impedido por segunda ocasión por un grupo de personas encapuchadas que bloquearon los accesos a las propiedades.

La autoridad ministerial confirmó que los cateos fueron ordenados por un juez de control, pero no pudieron concretarse debido a la resistencia de simpatizantes de los imputados.

Los tres hermanos permanecen en prisión preventiva

Giovanni González Vieyra, exalcalde de Tlachichuca, fue vinculado a proceso por encubrimiento por receptación.

Uruviel González Vieyra, exedil de Chalchicomula de Sesma, enfrenta cargos por extorsión y asociación delictuosa.

Ramiro González Vieyra, exalcalde de San Nicolás Buenos Aires, fue detenido meses después y vinculado a proceso por posesión de drogas, tras quedar sin efecto el amparo que lo protegía.

Pese a que los tres promovieron recursos de amparo, la Secretaría de Gobernación de Puebla confirmó en su momento que no implican su liberación debido a que existen otras causas penales vigentes que los mantienen en prisión.

Irregularidades financieras

La Auditoría Superior del Estado (ASE) también ha aportado información a la investigación.

Según sus reportes públicos, los hermanos dejaron observaciones por más de 41.4 millones de pesos en las cuentas públicas de 2023 de los municipios que encabezaron, por lo que la FGE ha solicitado información adicional sobre los ejercicios fiscales 2018 y 2022.

Aunque no existe hasta ahora una auditoría especial contra ellos, las revisiones ordinarias de la ASE podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales si se comprueba daño al erario.

Diligencias pendientes

Entre las acciones que la FGE mantiene abiertas destacan:

• Cumplimiento de órdenes de cateo aún no ejecutadas por bloqueos de civiles.
• Obtención de pruebas documentales y financieras relacionadas con posibles desvíos de recursos.
• Seguimiento de los amparos interpuestos por los imputados.
• Integración de nuevos elementos probatorios que vinculen las auditorías con los delitos penales.
• Determinación del daño patrimonial en los municipios gobernados por la familia.