El Estado fracasó en darle justicia a las mujeres de Puebla

PUEBLA, Pue., 25 de noviembre de 2025.- Las mujeres no están seguras en Puebla. Ni en sus casas. Tampoco con su familia. Mucho menos al salir a la calle.

Este 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es costumbre que las poblanas griten por las calles principales de la ciudad que fueron víctima de algún tipo de violencia como la vicaría, intrafamiliar, sexual, económica, obstétrica y muchas más no sólo denuncian el hecho, sino la negligencia de las autoridades.

“Soy María Fernanda León, víctima de violencia familiar por parte de mi exesposo y padre de mi hijo Israel N y ahora soy víctima de la corrupción del Poder Judicial del Estado de Puebla y de la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de Género contra las mujeres, pido el apoyo de la presidenta de la república Claudia Sheinbaum, a la secretaria de las mujeres Citlali Hernández Mora y nuevamente al Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta para que tengan conocimiento que han sido vulnerado mis derechos”, declaró María Fernanda en un video que subió a sus redes sociales el pasado 19 de noviembre.

Como ella, miles de mujeres de Puebla y de otros estados de la república no encuentran respuesta en las autoridades y se ven obligadas a exponer públicamente su caso, para que se vuelvan virales y se presione a las autoridades competentes a trabajar.

Y es que muchas veces, levantar una denuncia, no es sinónimo de justicia.

Menos del 4% de los delitos sexuales denunciados en Puebla tienen sentencia

Vía transparencia se obtuvo que, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a lo largo de 10 años, de enero de 2015 a enero de 2025, se han abierto 3 mil 562 carpetas de investigación por el delito de violación equiparada y sólo 142 sentencias; del delito de violación se han registrado 6 mil 618 carpetas de investigación y sólo 32 sentencias y del delito de abuso sexual 5 mil 798 carpetas y sólo 29 sentencias.

Es decir, menos del cuatro por ciento de los delitos sexuales que se denuncian en el estado terminan en una sentencia.

Otro delito sexual en el que Puebla está dentro de los estados con más registros es el acoso u hostigamiento sexual, pues de acuerdo con el informe de violencia contra mujeres del 30 de septiembre de 2025, Puebla está en el en el noveno lugar con 399 llamadas al 911.

A nivel nacional, 6.4 millones de mujeres de 15 años o más reportaron haber sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, en la mayoría de los casos los agresores pertenecen al entorno familiar: tíos y primos son quienes más frecuentemente ejercen estas violencias.

También aparecen como responsables abuelos, padrastros o madrastras, otros familiares y, en menor medida, personas desconocidas.

Por otro lado, según información recabada por la Universidad Iberoamericana de Puebla en la última década, de 2015 a 2025, el estado se colocó como la séptima entidad del país con mayor número de feminicidios, mientras que la capital poblana se posicionó en el lugar 12 entre los 100 municipios con más casos de este delito.

Sentirse insegura en la calle, en el cajero y transporte

El peligro se siente incluso en la calle. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, en la entidad poblana 3 de cada 10 mujeres se sienten inseguras al caminar sola por la noche en los alrededores de su hogar.

A nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública publicada en octubre de 2025, 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el cajero automático y en el transporte público.

La realidad para las mujeres en Puebla revela un panorama donde la violencia y la impunidad siguen siendo la norma.

Las cifras que exhiben un sistema incapaz de garantizar justicia en más del 95% de los delitos sexuales se suman a testimonios como el de María Fernanda, que muestran cómo miles de víctimas deben recurrir a la denuncia pública para ser escuchadas.

 En un estado que figura entre los primeros lugares en feminicidios y donde incluso caminar por la calle se percibe como un riesgo, la seguridad y la protección no deberían depender de la viralidad ni de la presión social.

Este 25 de noviembre, las voces que marchan no sólo exigen castigo para los agresores; reclaman instituciones que funcionen, autoridades que respondan y un entorno donde las mujeres puedan vivir sin miedo. Mientras eso no ocurra, la deuda del Estado con ellas seguirá abierta.