El agua en Puebla, entre el derecho humano y la privatización

PUEBLA, Pue., 22 de septiembre del 2025.- El agua en Puebla se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de la última década, centrando la discusión entre los enfoques de comunidades, activistas defensores del líquido y las empresas que manejan la distribución del agua en el estado.

El debate gira en torno si el agua debe concebirse como una mercancía privada o como un derecho humano que debe gestionarse desde lo público, tal como han expresado en últimas fechas defensores del agua de pueblos originarios.

Para entender a fondo este debate nos debemos remontar a diciembre de 2012, cuando se dio luz verde a una reforma desde el Congreso de Puebla, que permitió al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas entregar el manejo del agua a empresas privadas.

En ese entonces, de 25 sistemas operadores del estado, únicamente cinco dieron los primeros pasos para una eventual privatización, lo que ha dado pie a la discusión que hoy se lleva sobre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y Concesiones Integrales (Agua de Puebla).

En entrevista con Quadratín Puebla, el activista Gerardo Pérez aseguró que la justificación que se dio para entregar la concesión a Agua de Puebla fue que el SOAPAP estaba sobreendeudado desde el gobierno del priista Mario Marín; sin embargo, afirma que nunca se hizo una auditoría que confirmara la quiebra del organismo.

Gerardo Pérez, además, recuerda que exfuncionarios reconocieron en comparecencias que no existía tal déficit.

Un reporte presentado recientemente por La Jornada de Oriente, señala que la cartera vencida de Agua de Puebla asciende al 43 %, equivalente a 213,813 cuentas con adeudos mayores a tres meses de un total de 495,440.

Para contrarrestar esta cartera vencida, en junio de este año Agua de Puebla emprendió un plan llamado Regularízate, con nueve programas dirigidos a distintos sectores sociales para poder pagar los adeudos que se tengan en el pago de agua.

Más allá de la cartera vencida que se tiene en Agua de Puebla, el mayor problema que se tiene en la actualidad con la distribución del vital líquido es la inconformidad de los pueblos originarios, sobre todo de la región de Cholula, sobre el manejo de este recurso natural.

Juan Carlos Flores, abogado de la Unión de Pueblos de Cholula, dijo a Quadratín que la concesión del agua ha generado un modelo ineficiente y desigual, acusando que Agua de Puebla extrae más del 50 % del agua en la región de Cholula, mientras los pueblos carecen del servicio.

En San Andrés Cholula, señaló, la proporción llega al 65 %, en San Pedro al 56 %, y en Nealtican al 52 %.  “La que más extrae agua en toda la región cholulteca es Concesiones Integrales, y sabemos también que extrae tanta agua, pero ni siquiera la administra de manera adecuada”, subrayó.

El abogado resaltó que los pueblos no tienen garantía de recibir agua, recordando que existen convenios firmados en los noventa que obligaban a suspender extracciones si bajaban los niveles, lo cual no se ha cumplido.

En este sentido, el activista Gerardo Pérez destacó que el acuífero del Valle de Puebla pasó de 44 mil millones de metros cúbicos a 18 mil millones en apenas unos años, lo que refleja la explotación que se ha dado del vital líquido.

“Mucha gente solo está luchando particularmente en Puebla, pensando que el derecho humano al agua empieza y termina cuando abres el grifo de tu casa, lo cual es falso”, sentenció Gerardo Pérez.

Sin embargo, Jordi Bosch, director de Agua de Puebla, sostiene que uno de los principales retos es la coordinación con pueblos conurbados, donde se ubican los acuíferos que abastecen a la capital, pues según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Puebla se alimenta de tres acuíferos con excedentes disponibles.

Bosch propone alianzas para que primero se garantice el abasto local y después se envíe el excedente a la ciudad, destacando que estos pueblos sufren por agua pese a tener en sus profundidades grandes cantidades del líquido.

“Tienen una cantidad de agua que podría ser beneficiosa primero para ellos, los podríamos ayudar, que es nuestra intención, ayudar. Y luego este excedente se podría enviar a Puebla, que es una cantidad de agua que es muy necesaria para la ciudad”, señaló.

Para Gerardo Pérez, la postura abierta de Agua de Puebla contrasta con el actuar que recientemente tuvo Concesiones Integrales en contra de los defensores del agua Pascual Bermúdez y Rogelio Flores.

La empresa denunció a Bermúdez y Flores por daños en propiedad ajena y despojo agravado, luego de que presuntamente afectaran una tubería durante una protesta. Por falta de pruebas, estos activistas no fueron vinculados a proceso.

Pérez incluyó en esta discusión la presión industrial en el manejo y la distribución del agua, mencionando que Ley Nacional de Aguas, surgida en los años noventa, sigue vigente y permite un modelo que prioriza la explotación privada del recurso.

El activista ejemplifica que la producción de un automóvil requiere entre 300 y 400 mil litros de agua. En el caso de la industria acerera, señala que se necesitan 300 mil litros por tonelada, con una producción diaria de más de cien toneladas.

Gerardo Pérez recuerda que, además de Agua de Puebla, hay grandes corporaciones que concentran el acceso al recurso. Nestlé, Danone, Coca-Cola y PepsiCo, sostiene, acaparan más del 80 % del agua embotellada en el país, dos de ellas con plantas en Puebla.

“¿Hay alguna empresa que fabrique agua? ¿No, verdad? Son leyes del despojo”, acusó.

Para activistas y pueblos, la respuesta es clara: recuperar el control social del recurso. Para Concesiones Integrales, el camino es fortalecer la colaboración y las inversiones técnicas.

El debate trasciende lo local y se conecta con una discusión nacional sobre el modelo hídrico en México. Desde los noventa, el país multiplicó las concesiones de agua, pasando de 2 mil 600 a más de 585 mil. Sin embargo, apenas entre un 3 y 5 % de los concesionarios concentran más del 70 % del recurso.

La controversia en Puebla se coloca como un reflejo de la tensión entre un modelo que trata el agua como bien económico y otro que la defiende como un derecho humano. Lo que ocurra en la entidad puede convertirse en un referente para el futuro de la política hídrica nacional.