A siete años, detenidos sin sentencia en caso Moreno Valle y Martha Erika

PUEBLA, Pue., 23 de diciembre de 2025.- La situación jurídica de las personas detenidas por el accidente aéreo en el que murieron la ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el ex senador Rafael Moreno Valle Rosas sigue sin resolverse plenamente, a siete años del helicopterazo ocurrido el 24 de diciembre de 2018. 

Hasta ahora, las indagatorias que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) han derivado en varias detenciones, modificaciones de medidas cautelares, amparos y procesos aún abiertos sin sentencia definitiva.  

Avances y detenciones en el proceso

En el marco de la investigación por el desplome del helicóptero tipo Agusta A109S, matrícula XA‑BON, que provocó la muerte de Alonso, Moreno Valle y tres tripulantes, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha cumplido diez órdenes de aprehensión, principalmente contra empleados y directivos de la empresa de mantenimiento Rotor Flight Services.  

De esos diez detenidos, de acuerdo con lo indagado por Quadratín Puebla, siete fueron vinculados a proceso penal, mientras tres lograron librar la investigación penal mediante amparos, lo que les permitió evitar la vinculación a proceso por los delitos que se les imputan, entre ellos homicidio culposo y daño en propiedad ajena.  

Entre los casos más relevantes está la detención y vinculación a proceso de Fabiola N, trabajadora de la empresa encargada del mantenimiento, en febrero de 2023.  El fiscal de Puebla, en ese entonces Gilberto Higuera Bernal, señaló la imputada enfrentaría prisión preventiva justificada mientras se desarrollaba su juicio.  

Otro caso que generó atención fue el del empresario José Antonio N, dueño de la empresa vinculada al helicóptero, a quien un juez le modificó las medidas cautelares pero no lo liberó del todo, permitiéndole continuar el proceso penal sin estar recluido, aunque sigue sujeto a la acción de la justicia.  

Otras personas que estuvieron bajo custodia han salido de prisión tras obtener amparos o la modificación de sus medidas, como Ricardo N y Miguel N, quienes tras pasar tiempo en reclusión pudieron recuperar su libertad bajo condiciones establecidas por jueces.  

A pesar de los avances, ninguno de los imputados ha recibido una sentencia condenatoria firme, lo que mantiene el proceso en una etapa intermedia sin resolución definitiva acerca de las responsabilidades penales.  

Etapas pendientes y contexto judicial

Además de las detenciones cumplidas, la FGE  tiene pendiente por ejecutar al menos una orden más de aprehensión para completar todas las líneas de investigación derivadas del caso.   

Según las autoridades, estos procesos incluyen diligencias adicionales para reforzar los expedientes y presentar pruebas ante los juzgados correspondientes.  

Las defensas de los imputados han promovido diversos recursos legales, como amparos y apelaciones, argumentando irregularidades en la investigación y en las medidas dictadas, lo que ha alargado los tiempos del proceso y evitado resoluciones rápidas.  

El accidente

El 24 de diciembre de 2018, en pleno periodo vacacional por las fiestas decembrinas, el helicóptero en el que viajaban Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle despegó del aeropuerto de Puebla rumbo a la Ciudad de México. 

A bordo iban también dos pilotos y un asistente. Minutos después de iniciar el vuelo, la aeronave perdió contacto con controladores aéreos y se estrelló en un campo de cultivo en Santa María Coronango, donde todos los ocupantes fallecieron.  

Las autoridades y peritos aeronáuticos realizaron diversas investigaciones para determinar las causas del siniestro. Aunque han existido versiones y análisis distintos, peritajes oficiales han señalado que el accidente ocurrió por fallas mecánicas vinculadas al mantenimiento de la aeronave, descartando factores externos como sabotaje.  

El accidente captó la atención nacional e internacional desde la víspera de Navidad de 2018, cuando se confirmó que la ex gobernadora y su esposo murieron en el desplome. 

El caso generó expectativas entre familiares, ciudadanos y actores políticos, quienes han exigido desde ese entonces mayor claridad en las investigaciones y justicia pronta para los responsables.  

Hasta ahora, los procesos judiciales asociados a las detenciones siguen en marcha, con audiencias programadas, presentación de pruebas y recursos legales en curso. 

La FGE mantiene que la investigación continúa abierta y que las determinaciones que correspondan se harán valer conforme a derecho.  

La historia jurídica de este caso sigue sin resolverse plenamente, con imputados en distintas etapas procesales, medidas cautelares diversas y la expectativa de que en los próximos meses se definan nuevos pasos en los tribunales poblanos y, en su caso, federales.