Indagan red de corrupción en contratos de IMSS-Bienestar

PUEBLA, Pue., 9 de junio de 2026.– La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició una investigación por una presunta red de corrupción relacionada con la contratación de servicios de hemodiálisis en el sistema IMSS-Bienestar en Puebla, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.

El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, informó que la revisión se realiza en coordinación con autoridades federales, la Secretaría de Salud estatal y la delegación de IMSS-Bienestar, con el objetivo de analizar expedientes y esclarecer las irregularidades señaladas recientemente a nivel nacional.

El funcionario explicó que la documentación relacionada con la contratación de estos servicios se encuentra bajo resguardo de instancias estatales, por lo que ya se realiza una revisión detallada para determinar si existieron anomalías en los procesos de adjudicación, así como posibles desvíos de recursos, sobrecostos o deficiencias en la atención médica brindada a pacientes con insuficiencia renal.

Espidio Reyes señaló que durante el periodo investigado no se reportaron observaciones o denuncias por parte de los responsables de las instituciones involucradas. Sin embargo, una vez que los señalamientos fueron expuestos públicamente por autoridades federales, se activaron los mecanismos de revisión para determinar posibles responsabilidades administrativas o legales.

La investigación surge luego de que el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, revelara durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se detectaron presuntas redes de proveedores beneficiadas con contratos irregulares durante la transición del sistema de salud estatal al modelo federal, proceso que en Puebla comenzó en octubre de 2022.

De acuerdo con la información presentada por el funcionario federal, algunas contrataciones habrían registrado sobrecostos de hasta 2 mil por ciento. Mientras una sesión de hemodiálisis puede tener un costo aproximado de mil 500 pesos en el sector privado, existen indicios de que algunos servicios fueron facturados hasta en 32 mil pesos, situación que ha encendido las alertas sobre posibles actos de corrupción en uno de los servicios médicos más sensibles para la población.