Burocracia frena invalidez de la ley de ciberasedio: Micalco

PUEBLA, Pue., 12 de junio de 2026.– La eliminación definitiva de la polémica ley de ciberasedio, conocida como la "Ley Censura" en el estado de Puebla, se encuentra completamente congelada debido a la omisión de los órganos internos del Congreso de Puebla, denunció el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez.

​En entrevista, acusó que la Secretaría General y la Dirección Jurídica del Poder Legislativo han retenido las notificaciones federales, retrasando de manera injustificada la delimitación legal de una norma que atenta contra las libertades ciudadanas en internet.

​A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se pronunció en contra del artículo 480 del Código Penal del estado por considerarlo inconstitucional, el mandato judicial no ha podido materializarse en el pleno local. Micalco recordó que, de manera paralela, él mismo presentó una iniciativa desde el pasado mes de octubre para derogar este artículo debido a los riesgos de censura que representa; sin embargo, la parálisis provocada por la burocracia parlamentaria mantiene la reforma en el limbo.

​El legislador panista evidenció cómo los titulares de las áreas orgánicas han centralizado el proceso, postergando la resolución del problema.

​“La Suprema Corte ya se pronunció al respecto, derogó ya el 480. Un servidor llevó una iniciativa para derogarlo en el mes de octubre, y es la hora en que el secretario general, el director jurídico, no han determinado qué procede, porque eso está en manos de ellos ese tipo de notificaciones de la Corte”, dijo.

​El diputado advirtió que esta falta de acción institucional no solo es una omisión administrativa, sino un obstáculo directo que posterga la protección de los derechos digitales de los poblanos. Al no dar cuenta a los legisladores sobre los términos de la notificación de la Corte ni desahogar el trámite correspondiente, estas áreas técnicas están retrasando deliberadamente la armonización de las leyes estatales con los criterios federales en materia de libertad de expresión.

​“Pareciera que el secretario general y el director jurídico son los que mandan en este Congreso, porque los diputados no sabemos nada de lo que ellos contestan, de lo que ellos argumentan”, finalizó.