Verdad oficial y verdad legal

Los desencuentros y las diferencias son parte de lo social. Toda nación vive con ellos; incluso la misma historia y sus prohombres forman parte de la polémica. Las verdades en una democracia son precarias; pueden ser mayoritarias, pero nunca finales ni excluyentes; importantes son las reglas y las instituciones que garantizan la coexistencia en la diversidad y diferencia. No es propio de un régimen democrático considerar traidores a la patria a quienes no comparten su visión. Es común en los regímenes totalitarios: verdad solo hay una y quien no la suscriba merece el rechazo y, a veces, el paredón.

Un problema de nuestros tiempos es el populismo, que tiene mucho de autoritario. Así es Trump y su movimiento MAGA, también el obradorismo. Su último intento de reforma política pretendía excluir de la representación política sustantiva a cualquier expresión de pluralidad, incluyendo a sus propios asociados. Un error propio de la mente totalitaria, que hace del proyecto político la única expresión legítima.

La debacle ética del morenismo, efecto necesario de la imputación legal sobre la asociación entre gobiernos y cárteles de la droga, ha llevado al enfrentamiento entre la verdad oficial y la verdad legal. Para los voceros del régimen se trata de entender el contexto y, como tal, refieren que el interés de EU no es combatir las drogas, sino imponerse a los gobiernos soberanos; una fórmula para envolverse en la bandera, a manera de acreditar que la verdad oficial es la defensa de la soberanía frente a la verdad legal que viene del exterior. Empero, no hay manera de rechazar una detención con efectos de extradición, menos cuando proviene de un país donde la demanda cuenta con el aval de un jurado que valoró argumentos y pruebas para dar inicio al proceso penal.

La verdad oficial es doble. Primero, se dice que los diez imputados son inocentes porque no hay pruebas. Efectivamente, son presuntamente inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria; pero el régimen legal penal establece que el proceso inicie con pruebas que demuestren que el delito se cometió y que existen elementos para imputar responsabilidad penal. Por lo pronto, el régimen financiero establece el congelamiento de cuentas como acción preventiva, medida que ya se materializó y respecto de la cual no hay poder legal para evitarla porque los sujetos obligados son las instituciones financieras y deben cumplir con un régimen de control global.

Segundo, señalan que el gobierno actúa en función no de la defensa de personas, sino de la soberanía nacional. El interés del gobierno norteamericano no sería la justicia, sino una política ilegítima de imposición para hacer valer un interés presuntamente económico.

El problema es que el argumento de las autoridades mexicanas es estrictamente político. No es consecuente con la legalidad que rige la extradición. Además, las pruebas que se invocan para proceder a la detención no están previstas para esa etapa; son pruebas de presunción de responsabilidad, que es lo que requiere para iniciar el proceso penal. El argumento político puede servir para generar adhesiones o convencer al público, pero no tiene validez alguna en el proceso legal, ni en el de extradición y mucho menos en el penal.

La verdad legal se sobrepone a la verdad oficial, por popular que esta pudiera ser. Como suele suceder en el proceso judicial, la opinión pública poco importa. El fiscal o el juzgador no actúan en función de percepciones u opiniones; su referencia es la ley y, como tal, la postura del gobierno de México carece de valor jurídico.

Vanessa Romero, en su intervención en El País, afirma que debe considerarse el contexto, sí, pero no el contexto político al que ella alude, sino el legal que elude. No deja de llamar la atención el desdén que ella muestra respecto a si Rocha Moya y otros imputados son culpables o inocentes; para ella, más relevante sería la verdadera intención del gobierno norteamericano al solicitar la detención. Su postura es la del gobierno mexicano y, como tal, no solo está equivocada; insistir en ello implica trasladar al país al irresponsable enfrentamiento, porque el cargo subyacente no es únicamente la presunta responsabilidad de Rocha Moya, sino la impunidad existente por la connivencia de las autoridades con el narco denunciada de hace tiempo, cuyas organizaciones han sido declaradas terroristas extranjeras por el poderoso vecino. Absurdo invocar verdad política sobre verdad legal.