Territorio y Comunidad

Burocracia: entre el “vuelva mañana” y la falta de respuesta 

A lo largo de distintos procesos de gestión comunitaria, he sido testigo de una realidad que pocas veces se habla con claridad: entre la salida de un gobierno y la llegada de otro, muchos asuntos simplemente dejan de tener seguimiento. Oficios ingresados por habitantes quedan archivados, olvidados o, en el peor de los casos, extraviados, mientras las problemáticas continúan acumulándose en las comunidades.

Pero incluso cuando el gobierno en turno ya se encuentra en funciones, la respuesta institucional pocas veces llega con la eficiencia que la ciudadanía espera. Los oficios se reciben, sí, pero no necesariamente se atienden. En muchos casos, las respuestas tardan meses o nunca llegan; y cuando finalmente aparecen, suelen limitarse a señalar que “no corresponde al área”, que no existen recursos suficientes o que las herramientas institucionales son limitadas. La gestión termina convirtiéndose en un desgaste constante para quienes solo buscan resolver necesidades básicas en sus comunidades.

No son extrañas tampoco las escenas cotidianas del “vuelva mañana”, porque la persona encargada “salió a trabajo de campo” o “no se encuentra en oficina”. La pregunta entonces es inevitable: ¿cómo es posible que no exista plan u organización alguna para atender a la ciudadanía cuando ya saben que habrá ausencias o actividades externas? ¿Quién atiende a las personas mientras tanto? Porque conviene recordar algo muy importante: el tiempo de los habitantes también es valioso y no debería desperdiciarse entre esperas, traslados y visitas sin respuesta.

La frustración se vuelve aún mayor para habitantes de territorios con conflictos limítrofes, donde la falta de respuesta parece duplicarse. Se les dice que “no corresponde” a ese municipio, que deben acudir al otro, y así comienza un recorrido interminable entre escritorios y comunidades atrapadas entre límites administrativos mientras sus necesidades permanecen sin resolverse.

Vale la pena preguntarnos algo de fondo: ¿qué obligaciones tienen realmente los servidores públicos y cuáles son nuestros derechos como habitantes? En México, el servicio público no debería funcionar bajo la lógica del favor, la improvisación o la buena voluntad. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que quienes ocupan un cargo público deben actuar bajo principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, respeto y rendición de cuentas. Es decir, no solo tienen la responsabilidad de recibir solicitudes, sino de atenderlas con diligencia, dar seguimiento, responder de manera clara y brindar un trato digno a la ciudadanía.

En cuanto a la ciudadanía, cuenta con el derecho de petición, reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda solicitud presentada por escrito, de forma pacífica y respetuosa, debe recibir una respuesta por parte de la autoridad. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando los oficios se ignoran, se extravían o permanecen indefinidamente sin contestación. Si el derecho existe, también debería existir una mayor vigilancia y rendición de cuentas para garantizar su cumplimiento efectivo.

Los habitantes también deben soportar malas caras, indiferencia o respuestas despectivas mientras intentan resolver necesidades urgentes de sus comunidades. Y aunque pueda parecer un detalle menor, no son raras las ocasiones en que la atención ciudadana queda en segundo plano frente a pausas prolongadas para el desayuno o la comida, mientras las personas continúan esperando ser atendidas. Después de todo, quien acude a una oficina pública también invierte tiempo, dinero y esfuerzo, y merece un trato digno y respetuoso.

Eso sí, durante las campañas electorales las visitas sobran, los compromisos abundan y la cercanía parece inmediata. El problema comienza después, cuando las comunidades dejan de ser prioridad y las respuestas vuelven a perderse entre trámites, silencios y omisiones.

Porque la burocracia no solo retrasa trámites; también desgasta comunidades, desalienta la participación ciudadana y termina normalizando la indiferencia institucional y la respuesta típica del “vuelva mañana”. A la vez, hace tan comunes los oficios sin respuesta y la falta de seguimiento como forma de gestión, lo que debilita la confianza ciudadana y aleja a las personas de las instituciones que deberían servirles. Porque una administración pública eficiente no se mide por la cantidad de escritorios, sellos o trámites que acumula, sino por su capacidad para escuchar, atender y resolver los problemas de quienes, con sus impuestos, hacen posible su existencia.

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