Resiliencia Activa

Las heridas invisibles del desastre: La salud mental en la agenda pública

El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, el debate público suele concentrarse en la atención clínica individual, la depresión y la ansiedad en entornos cotidianos. Sin embargo, cuando se analizan los desastres, la dimensión emocional pasa a convertirse en una dolorosa y sistemática laguna de la política pública. Tras el colapso de un edificio, un deslave o una inundación, la cobertura mediática y la respuesta oficial de los gobiernos en México concentran sus esfuerzos en la contabilización de pérdidas materiales, la remoción de escombros y la entrega asistencialista de insumos de primera necesidad. En esta visión cortoplacista del Estado, la salud mental en desastres se invisibiliza de forma alarmante, ignorando que el trauma, la desolación de la pérdida y el sufrimiento colectivo son secuelas que devastan a la sociedad con la misma o mayor fuerza que la destrucción física de la infraestructura, un desastre no sólo altera la vida de la comunidad, muchas veces rompe el tejido social y eso genera un impacto psicológico enorme.

La Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) enseña que la vulnerabilidad de una comunidad es multidimensional. Existe una profunda vulnerabilidad psicosocial que se agrava cuando los tres órdenes de gobierno omiten el acompañamiento emocional en el ciclo de la emergencia. En la fase de respuesta, la contención psicológica inmediata mediante Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) resulta indispensable para evitar que el estado de shock paralice las capacidades de autoprotección. Sin embargo, en los albergues temporales y zonas de desastre, la intervención gubernamental suele limitarse a garantizar techo y alimento, dejando desarmada a la población frente al pánico, la incertidumbre y la desorientación. Cuando pasa la emergencia, las tareas y los esfuerzos se orientan hacia la recuperación y reconstrucción de la infraestructura pero jamás de la salud mental.

La negligencia institucional es todavía más crítica en la fase de posdesastre y reconstrucción. El dolor de una tragedia no concluye cuando se retira la maquinaria pesada y las autoridades abandonan el territorio; el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), la depresión aguda y el duelo patológico se prolongan por meses y años. Al carecer de programas públicos permanentes de intervención psicosocial, los gobiernos transfieren el costo emocional del desastre a las propias familias golpeadas por la marginación. Una comunidad con la salud mental quebrantada es una comunidad imposibilitada para lograr una recuperación resiliente y reactivar sus dinámicas económicas, culturales y comunitarias. Si después de un desastre en el que las personas han visto dañados sus bienes, tienen que hacer un esfuerzo en la recuperación de los mismos y, eso ya representa un gasto, la precaria situación económica complica la inversión en atención psicológica. 

Asimismo, esta omisión del aparato estatal impacta directamente a quienes están en la primera línea de respuesta: los cuerpos de protección civil, personal bombero, paramédicos y brigadistas voluntarios. La exposición continua al sufrimiento humano y la devastación genera altos niveles de síndrome de agotamiento profesional (burnout) y trauma vicario, sin que existan protocolos obligatorios ni presupuesto designado para la contención emocional de los equipos de rescate desde las políticas públicas locales.

Incluir la salud mental como una medida no estructural de la GIRD es un imperativo ético e institucional para las instituciones públicas. La resiliencia de un territorio no se mide únicamente por la resistencia del concreto o la velocidad para reparar infraestructuras, sino por la capacidad social e institucional de sanar las heridas invisibles del trauma. Un gobierno que verdaderamente aspira a proteger a su población debe entender que reconstruir la vida requiere, indispensablemente, sanar la mente.

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