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Descasadas y despolitizadas: El costo de la libertad de expresión

En días recientes, la escena política en Puebla volvió a ser escenario de un duro cruce de declaraciones en voz de Nay Salvatori y Grace Palomares, diputadas locales. Durante su participación en el podcast "Descasadas" (un espacio enfocado en dinámicas de desamor, divorcio y maternidad), las legisladoras emitieron comentarios peyorativos respecto al "olor" de los hombres mayores, asegurando de forma burlona que huelen a "viejito" y a "baúl". A juzgar por la temática del programa, las declaraciones intentaron enmarcarse en el terreno de la anécdota personal y el humor cotidiano; sin embargo, al hacerlo, las representantes olvidaron dos elementos sustanciales de la ética pública: la investidura del cargo que ostentan y la naturaleza difusiva del medio en el que eligieron expresarse.

Ciertamente, las autoridades electas no dejan de ser personas con vida privada y libre albedrío. Sin embargo, al asumir un cargo de elección popular, la frontera entre el ámbito privado y la esfera pública se vuelve porosa. Al ostentar una representación democrática, la lente ciudadana permanece atenta de manera permanente. Al haber sido electas bajo un criterio poblacional, las legisladoras representan a la totalidad de los habitantes de sus distritos, independientemente de su edad, género, religión o condición socioeconómica. Resulta contradictorio y éticamente objetable que quienes tienen la encomienda constitucional de legislar y crear políticas públicas que dignifiquen a sectores tradicionalmente vulnerables (como lo son las personas adultas mayores) recurran a narrativas que perpetúan prejuicios, estigmas y discriminación etaria. La función parlamentaria exige la construcción de marcos normativos de protección, no la reproducción de discursos que minen la dignidad humana.

Frente a este tipo de episodios, suele esgrimirse el argumento de la libertad de expresión como un derecho absoluto. Ciertamente, vivimos en un régimen democrático que tutela la manifestación de las ideas; no obstante, en el ámbito de la comunicación política y la teoría del derecho, la libertad de expresión de un servidor público conlleva una carga proporcional de responsabilidad social. Al difundir estas opiniones en una plataforma digital de acceso abierto, el mensaje abandona el fuero privado para insertarse de lleno en la conversación colectiva. Era previsible que la opinión generara un impacto mediático y que la ciudadanía se sintiera vulnerada. La democracia no solo garantiza la libertad para expresarse, sino que exige la madurez personal e institucional para asumir las consecuencias éticas, sociales y políticas de lo que se dice.

No se cuestiona el derecho a la libre expresión de las representantes, sino la falta de congruencia y la negativa a sostener con madurez las repercusiones de sus propios dichos cuando estos resultan desafortunados. En un contexto donde la sociedad demanda una clase política seria y sensible a las realidades sociales, las aclaraciones banales resultan insuficientes. Finalmente, es de reconocer que el partido Morena haya tomado medidas disciplinarias al respecto. Este llamado de atención sienta un precedente necesario para que la clase política comprenda que el micrófono de la función pública exige el uso responsable de la libertad, el respeto a la ciudadanía y un estándar ético a la altura de las responsabilidades que la sociedad les ha confiado.

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