Resiliencia Activa

03 de agosto de 2026

5:15

Por María de Jesús O. Tobón Ramírez

Terremotos en Japón y Venezuela: La diferencia no es la tierra, es la gestión

Existe un error recurrente en el discurso público cuando enfrentamos los embates de la naturaleza: referirnos a los terremotos como "desastres naturales". La geología explica la energía liberada por las placas tectónicas; la política pública, en cambio, explica la cantidad de vidas humanas que esa energía se cobra. La marcada disparidad de víctimas tras los recientes sismos en Japón y en Venezuela no es una casualidad geográfica ni un capricho del destino. Es el reflejo crudo de cómo la gobernanza del riesgo determina la frontera entre una emergencia gestionable y una tragedia social.

Mientras que en Japón el balance de daños reportó treinta y cinco personas fallecidas y doce estructuras colapsadas, en Venezuela el escenario adquirió proporciones catastróficas; más de cinco mil muertos y más de ochocientas estructuras colapsadas. La diferencia no radica en la aceleración del terreno, sino en cuatro pilares fundamentales donde se construye o se destruye la seguridad de una población: la ingeniería, el territorio, la cultura preventiva y la capacidad institucional.

En primer lugar, la ingeniería estructural marca la primera línea de defensa. La normativa japonesa de construcción antisísmica no exige únicamente que un edificio permanezca en pie; exige que disipe la energía mediante aislamientos de base y amortiguadores hidráulicos. Esto garantiza un comportamiento dúctil de la estructura, ganando minutos dorados para la evacuación. Por el contrario, en escenarios con alta prevalencia de autoconstrucción, mampostería no reforzada o edificaciones sin fiscalización —como ocurre en amplias zonas de Venezuela y de América Latina—, las fallas suelen ser frágiles e instantáneas, colapsando los espacios vitales en cuestión de segundos.

En segundo lugar, el ordenamiento territorial revela las fallas de la planeación urbana. Los mapas de riesgo no deben ser documentos decorativos para las dependencias municipales, sino instrumentos normativos vinculantes. Cuando se permite la densificación sobre suelos inestables, laderas de alta pendiente o deltas fluviales, la onda sísmica se amplifica destructivamente. La naturaleza simplemente expone las grietas de la especulación inmobiliaria y la tolerancia al asentamiento irregular.

En tercer lugar, está la comunicación del riesgo y la respuesta ciudadana. Un sistema de alerta temprana en los teléfonos móviles es inútil si la población no sabe qué hacer en los primeros noventa segundos. Japón ha integrado la cultura de la prevención desde la infancia hasta el ámbito laboral, se nota en la mayoría de los videos cómo las personas realizan acciones de protección de manera inmediata y sin que alguien los tenga que liderar porque ya forma parte de su educación. En gran parte de nuestra región en América Latina, los ejercicios de evacuación siguen viéndose como trámites burocráticos y no como entrenamientos de supervivencia colectiva, por eso no se interiorizan ni se priorizan como ejercicios que salvarán vidas.

Finalmente, la capacidad de respuesta posdesastre distingue a los Estados funcionales. El cierre automatizado de redes de gas y electricidad para evitar incendios secundarios, sumado a cuerpos de rescate con logística inmediata, evita que la emergencia se desborde. La falta de equipamiento y la fragilidad del sistema de salud convierten el rescate en una carrera contra el tiempo perdida de antemano. El desastre no termina cuando la emergencia pasa: es apenas el comienzo. Si el Estado no está preparado para la recuperación, el nivel y calidad de vida que se tenían antes del desastre puede tardar años o décadas.

Un terremoto es un fenómeno geológico e inevitable; el desastre es una construcción puramente social. La disparidad entre Japón y Venezuela evidencia que la infraestructura adecuada y la planeación del territorio son las únicas herramientas capaces de transformar una amenaza sísmica en un evento gobernable. Mientras sigamos invirtiendo en atender cenizas en lugar de normar el suelo, la factura de los sismos la seguirá pagando la población más vulnerable.