Programas sociales: ¿efecto corruptor?

29 de julio de 2026

5:15

Por Alejandro Guillén Reyes

Una de las grandes interrogantes que nos planteamos quienes damos seguimiento a los resultados de las encuestas, sondeos o estudios de opinión, es por qué en México, a pesar de los grandes escándalos de corrupción, y aun cuando las y los ciudadanos reconocen que este problema abunda en el país y reprueban la gestión gubernamental en la materia, el gobierno federal mantiene una alta aprobación y su partido se posiciona muy por encima de las preferencias electorales en la mayoría de las entidades de la República.

En la encuesta publicada por El Financiero el pasado 6 de julio de 2026, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con la aprobación del 68% de los encuestados. Sin embargo, en cuanto al manejo de problemáticas como la corrupción y la inseguridad pública, sale reprobada por el 80%, y solo el 13% considera que el gobierno está haciendo un buen trabajo en el combate al crimen organizado. En contraste, el 65% aprueba el manejo de los programas sociales.

Si este escenario ya genera todo tipo de especulaciones, los resultados de la encuesta realizada por el mismo diario en el estado de Sinaloa plantean un enigma todavía mayor: a pesar de toda la información que ha circulado sobre la violencia en esa entidad, apenas el 56% de los sinaloenses piensa que el principal problema de su estado es la inseguridad pública y el crimen organizado. Además, aunque el gobierno de Yeraldine Bonilla sale reprobado en lo general y en cada uno de los rubros evaluados (combate a la corrupción, inseguridad, crimen organizado y economía) las preferencias electorales favorecen a MORENA de forma aplastante sobre la oposición.

Es cierto que la reputación de los partidos tradicionales (hoy de oposición) está por los suelos, pero esto es solo un factor para explicar las preferencias del voto; otra variable es que existe un 36% de ciudadanos que no tienen preferencia electoral en Sinaloa. ¿Será que los encuestados, debido al ambiente en el que viven, tienen miedo de responder lo que en realidad piensan? Tal vez.

Es evidente que, hasta el momento, la explicación más plausible radica en el impacto de los programas sociales sobre las preferencias electorales. De aquí se desprenden dos hipótesis que bien podrían estar entrelazadas: por un lado, que aprueban al gobierno en turno y a su partido debido al chantaje que ejercen los llamados “servidores de la nación” (lo que convertiría a los beneficiarios en víctimas de la corrupción); por el otro, que existe un efecto corruptor en la distribución de dichos apoyos, el cual provoca que las personas toleren la corrupción siempre y cuando “salpiquen” (volviéndose así parte del “soporte social” del problema de la corrupción en el país).

Este síntoma se puede observar con claridad en el estado de Puebla.

La Encuesta Ciudadana de Percepción sobre la Corrupción en el Estado de Puebla (ENCIPC) 2025, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, arroja un dato espeluznante: en 2021 el rechazo social a frases o actos como "No importa que (mi candidato o partido) robe, mientras salpique", "El que no tranza no avanza", "Pedir facturas prestadas para disminuir impuestos” o "Pagar por agilizar trámites”, fluctuaba entre el 73% y el 80%. Para 2025, esos porcentajes cayeron a un bajísimo rango de desacuerdo de entre el 45% y el 56%. Una auténtica tragedia social.

Por supuesto, esta encuesta levantada en Puebla no se puede extrapolar a la ligera a todo el país; sin embargo, me temo que el costo de la tan cacareada disminución de la pobreza se está pagando trágicamente con la pérdida de integridad en la cultura cívica de la sociedad mexicana, haciéndola permisiva de los actos de corrupción. Y, desde luego, quienes han gobernado en los últimos años son responsables de esta desgracia.