Participaciones: la evolución del Federalismo Fiscal

Como señalé hace poco, las aproximaciones sucesivas hacia una fórmula de distribución de participaciones a Estados y Municipios dan cuenta de resultados de distribución casi perfectos, a partir de la reforma que hicimos en 1991. Sin embargo, este camino en el diseño de la distribución revela la complejidad inherente a la construcción de un pacto federal equitativo en lo relacionado con ingresos y egresos.

El diseño de estas herramientas tenía como propósito principal la mejora en la eficiencia y equidad para la distribución, también la del fortalecimiento de la confianza y seguridad en el distanciamiento de la discrecionalidad. El proceso tuvo y tiene al diálogo como eje: desde la inquietud surgida en Oaxaca de los años setenta hasta el consenso de 1990, el sistema ha sido forjado en el ánimo del debate y el intercambio de experiencias. Especialmente el primer cambio, se buscaba equidad, ya comente como el per cápita de un estado, Tabasco, versus Oaxaca era de 9 a 1, con la reforma primera, se acortaron las brechas, pero cuidamos meter reservas dos reservas de compensación, para los estados, que no eran perdedores, siempre ganaron, sino que contribuyeron a mejorar la situación de los cerca de 20 que recuperamos algo, como los del sureste encabezaos por Oaxaca.  El contexto actual caracterizado por la presencia de retos a nivel local urge extender este espíritu federalista hacia reformas que aborden no solo la distribución, sino la sostenibilidad fiscal en un contexto de desigualdades persistentes, así como la mayor responsabilidad de gobiernos subnacionales. No solo seguir en el que llamamos el “padrotismo fiscal”.

La realidad exige que el federalismo fiscal trascienda la fórmula de 1991 —vigente pese a sus ajustes del año 2007— para incorporar mecanismos innovadores de incentivos y rendición de cuentas, preservando el equilibrio en la distribución.

El trayecto histórico da cuenta de un federalismo en movimiento, sujeto a actualizaciones. La creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, junto con la introducción del IVA y fondos como el de Fomento Municipal, representaron puntos de inflexión o momentos paradigmáticos. Estos instrumentos no solo descentralizaron recursos, sino que fomentaron una coordinación administrativa que delegaba facultades a las entidades federativas, reconociendo la necesidad de su participación para resolver las asimetrías regionales. Sin embargo, la eficacia en la recaudación a nivel local,  es muy pobre y descuidada.  

En este sentido, conviene identificar y reconocer las insuficiencias del esfuerzo fiscal de los municipios,  insistir en  la equidad y la responsabilidad fiscal. . El ajuste de 2007 ––a todas luces regresivo–– fue sugerido por el Fondo. Limitando  la ponderación de ingresos como el predial, en el Fondo de Fomento Municipal.

La inacción recaudatoria de los municipios, con organizaciones a veces inactivas: recaudan mejor el predial Costa Rica o Argentina. El cero control administrativo en algunos de ellos, el llamado” padrotismo fiscal”, esto es “yo no recaudó, pero dame”…. En suma, sin recaudar no hay federalismo fiscal.  Por ello es conveniente avanzar hacia una fórmula de distribución de participaciones, donde no sean meras transferencias, sino inversiones para mejorar y generar condiciones idóneas para el desarrollo.

En última instancia, el federalismo fiscal es una expresión del espíritu federalista. Su historia nos enseña que las aproximaciones sucesivas triunfan cuando priorizan el bien común. El debate sobre la fórmula ––aunque con elementos técnicos–– también es una discusión política fundamental para la evaluación del federalismo fiscal y el cumplimiento de la expectativa de la equidad.

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