Nada Personal: Motivaciones políticas para procurar e impartir justicia

La procuración e impartición de justicia en el estado no pasa por un buen momento; desaseo jurídico parece ser el signo de los nuevos tiempos.

El miércoles 10 de diciembre en el exterior del penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, agentes ministeriales recapturaron al exalcalde de Tlachichuca Giovanni González Vieyra.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado, acompañados por policías municipales y estatales de la Secretaría de Seguridad Pública, sin mostrar la orden por un juez, sometieron al exalcalde y lo subieron a una camioneta, privándolo de la libertad.

A Giovanni González lo esperaban también sus familiares y amigos en el acceso al estacionamiento del penal, entre ellas su esposa, quienes no lograron abrazarlo después de nueve meses de estar preso.

La detención de González fue transmitida por face live en redes sociales por un medio de comunicación regional que registró el momento de los empujones y jaloneos entre los familiares del exalcalde y ministeriales.

En el momento más álgido donde los familiares reclamaron inútilmente a los ministeriales presentaran la orden de aprehensión, uno policía ministerial les apuntó con un arma larga.

Entre los jaloneos para evitar que Giovanni González fuera recapturado, la esposa del exalcalde fue sometida en el piso por agentes ministeriales quienes intentaron también subirla a la batea de una una de las camionetas pick up.

Los familiares y amigos que esperaban la salida a Giovanni González acusaron a gritos a los ministeriales de cometer un secuestro contra González Vieyra porque no les mostraron una orden de aprehensión ni le leyeron sus derechos, ni muchos le permitieron la presencia de su abogado.

El exalcalde emecista de Tlachichuca, al momento de cruzar la puerta de salida del penal al estacionamiento, donde ya lo esperaban ministeriales y policías estatales, argumentó en voz alta que un tribunal colegiado le otorgó la libertad al demostrarse los presuntos delitos que le atribuyó el Ministerio Público.

Con los agentes ministeriales en acción para someterlo, con expediente en mano, Giovanni insistió inútilmente en exhibir un amparo otorgado por un juez de distrito contra cualquier orden de captura, pero los agentes de la FGE hicieron caso omiso, y lo sometieron para subirlo a empellones a una de las camionetas.

Hasta la noche del miércoles ningún juez de control les recibía al exalcalde detenido, y pese a ello, en un comunicado la FGE informó del “cumplimiento de un mandamiento emitido por el Juez” por los presuntos delitos de abuso de autoridad y otros ilícitos, sin que especificara qué juez y cuál era el número de carpeta de la indagatoria.

A pesar de las evidencias en la manera de realizar la “detención” sin presentar la orden del juez y por qué delitos lo volvían a detener, la FGE informó que cumplió “plenamente a lo establecido por la ley y a las instrucciones del órgano judicial”.

La fiscal general Idamis Pastor Betancourt deberá explicar la actuación de los agentes ministeriales por incumplir con el protocolo en la cumplimentación de una orden de aprehensión, la violación a la presunción de inocencia y al derecho de audiencia, así como por la violencia ejercida contra familiares del exalcalde detenido.

Se ven los nubarrones en la procuración e impartición de justicia en el estado, bajo la sospecha de motivaciones políticas, por encima de la ley en acciones al margen del Estado de Derecho.

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