Filosofía sin escrúpulos
“El Estado puede exigir que exista un código de ética; no puede escribirlo. Puede verificar que se cumpla; no puede decidir qué debe publicarse. Puede proteger derechos; no sustituir el criterio editorial”.
Resumió el investigador y constitucionalista Ernesto Villanueva, al llamar a que la consulta pública concluya con un marco regulatorio alineado con las mejores prácticas internacionales y no con un mecanismo susceptible de convertirse en instrumento de control sobre la prensa.
Villanueva sintetiza la mejor postura respecto a esta nueva embestida del oficialismo contra la defensa de la libertad de expresión, la autonomía editorial de los medios de comunicación y contra el autoritarismo del control de la prensa -o extinción- y de las voces independientes como ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua, por mencionar los extremos en el continente.
El oficialismo arrincona no solo a los periodistas y a los medios de comunicación, sino que eleva a rango constitucional un cerco informativo al derecho y acceso a la información de la población.
Con el proyecto de la ley del derecho de las audiencias culmina la política de persecución a los periodistas y a los medios de comunicación diseñada e implementada desde el Palacio Nacional por Andrés Manuel López Obrador.
Empezó ese cerco informativo con la estrategia autoritaria del modelo del “partido único” y “gobierno totalitario” al destruir los organismos e institutos autónomos, entre ellos el INAI de acceso a la información.
La iniciativa legislativa de los derechos de las audiencias es una propuesta para elevar a rango de ley el “monopolio de la verdad oficial” para hacer prevalecer la del régimen de la Cuarta Transformación que se apoderó de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por encima de las empresas editoriales, medios y periodistas independientes.
Se trata del modelo tabasqueño, por el origen de la autoría intelectual (AMLO); campechano, porque fue el laboratorio de su implementación primitiva contra la prensa por la gobernadora morenista Layda Sansores.
Es el mismo modelo de control oficial puesto en marcha para proteger a los gobernadores presuntamente relacionados con cárteles del narcotráfico, como se presume ocurrió con Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal o Marina del Pilar Ávila; de la cúpula castrense como el extitular de la Semar, Rafael Ojeda, y de protección contra el propio López Obrador.
La legislación para imponer la censura con la fachada del derecho de las audiencias es una respuesta del oficialismo ante su derrota ante los medios de comunicaciones que sirve a una sociedad ávida de información transparente.
No le fue suficiente al régimen de la 4T encapsular bajo el concepto de “información reservada” los casos de presunta corrupción, sobreprecios y fracaso de obras obradoristas como el Tren Maya, Tren Interoceánico, refinería Dos Bocas, la empresa de aviación y el mismísimo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la macrofarmacia…
Legislar sobre las audiencias es la fachada del autoritarismo para mantener en reserva expedientes judiciales para proteger las indagatorias contra Rubén Rocha, Adán Augusto López, a otros morenistas como Mario Delgado, así como las auditorías y obras de los gobernadores de Morena en los estados.
Impulsan la ley del derechos de las audiencias, pero no democratizan el gasto de miles de millones de pesos en política de comunicación presidencial, de los estados y municipios.
Lejos de establecer reglas transparentes para licitar la publicidad gubernamental, utilizan los recursos financieros como medio de control, castigo a la prensa crítica e independiente, financian a medios propios del estado y a las empresas editoras “favoritas”.
Con la legislación censura y control de la prensa, el riesgo es mayor para los periodistas y medios de comunicación que serán perseguidos y estigmatizados como medios con noticias “falsas”, ubicando a los periodistas en mayor punto de riesgo de ser blanco de ataques, como el homicidio.