Cohesión Social
En ocho años de gobierno de la supuesta izquierda (socialdemócrata) de la 4T, lograron colombianizar el país al tener una lista de los “extraditables” a Estados Unidos.
México repite el fenómeno colombiano de la narcopolítica de los ochenta con la figura del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, narco que ocupó un escaño como senador de aquella nación sudamericana.
El poder corruptor de los cárteles mexicanos declarados por Estados Unidos como organizaciones internacionales terroristas encontraron en los brazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, la puerta de entrada en los tres órdenes de gobierno.
La figura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar se puede encontrar en narcos mexicanos como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada o Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, por hablar de los capos.
Pero relacionados con la narcopolítica, destacan las figuras como el gobernador de Sinaloa, el otro Rubén, Rocha Moya; y el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.
Pero como en Colombia en los ochenta, el gobierno de Estados Unidos decidió combatir de frente a los narcos colombianos y presentó al gobierno de esa nación una lista de narcos extraditables, ente ellos, el senador Pablo Escobar, al declararlos cárteles terroristas.
En México se repite la historia, por lo menos en la analogía de los cargos parlamentarios, como ocurre con el senador sinaloense de Morena. Erique Inzunza, en este caso por operar a favor del Cártel de Sinaloa como secretario de gobierno en el sexenio de Rocha Moya.
La primera lista de los extraditables mexicanos de la narcopolítica, destacan los primeros diez políticos presuntamente involucrados con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, encabezada por el Rocha Moya.
De esta lista de extraditables, dos optaron por entregarse a la justicia estadounidense para apegarse al programa de testigos protegidos para colaborar con el Departamento de Justicia de EU.
El primero es un general en retiro de Ejército Mexicano especializado en labores de contrainteligencia, Gerardo Mérida, que fungió como secretario de Seguridad Pública estatal- acusado de recibir 100 mil dólares al mes por Los Chapitos-.
El segundo, fue secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, quien era el puente de comunicación entre el gobernador Rocha Moya y los narcotraficantes. Adquirió bienes por 100 millones de pesos en su estado, pagados en efectivo.
Rocha Moya sigue bajo la protección del gobierno morenista de la Claudia Sheinbaum, en demanda de pruebas, y el senador Inzunza sigue oculto y asegura se defenderá de las acusaciones de EU.
Pero la lista de extraditables exigidos por EU para ser juzgados en diferentes cortes federales, no se limita a los 10 de Sinaloa.
Se extenderá la lista de extraditables a otros estados donde destacan -ha trascendido- gobernadores, legisladores, alcaldes y empresarios, ligados al crimen organizado.
Al estilo de Pablo Escobar en la lista de extraditables en los ochenta, en México en el siglo XXI figura un senador, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, coordinador de la campaña presidencial de Claudia Sheimbaum, exaspirante a la candidatura presidencial y exgobernador de Tabasco.
Pese al escándalo nacional de que su secretario de Seguridad Pública estatal en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, era a la vez el líder del grupo criminal La Barredora, el senador nunca fue investigado por las fiscalías General del Estado y de la República.
En EU el Departamento de Justicia piensa diferente a la FGR, y por los vínculos con la delincuencia, López Hernández es uno de los presuntos extraditables, junto con el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, y el secretario del gabinete federal, Mario Delgado Carrillo.
Otros de los presuntos extraditables sería el líder parlamentario y exgobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila y parte de su familia, así como empresarios ligados al robo del huachicol Fiscal.
Hay indicios de la presencia del Cartel de Sinaloa en Puebla en el sexenio de Mario Marín Torres, lo que podría salpicar a quienes contribuyeron en su administración en “negocios ganaderos” con el suegro de Joaquín El Chapo Guzmán.
Es muy tarde para el gobierno de la 4T por no actuar de manera soberana contra los cárteles mexicanos, ahora deberá aceptar las condiciones de rendición ante el gobierno de EU, como ocurre en Venezuela y está por acordarse en Cuba.




