Nada Personal

13 de mayo de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Predial: cobro judicial vs. cuentas públicas

Los contribuyentes esperan el retorno del pago de impuestos en mejor calidad de vida: seguridad pública, calles pavimentadas, transporte público eficiente y moderno, abasto de medicina en hospitales y mejor atención, servicios públicos, mejor educación y apoyo al campo.

El fenómeno de las carteras vencidas o la morosidad no es nuevo, como tampoco la ineficiencia gubernamental para instrumentar planes de recuperación de adeudos y ampliar la base gravable.

Para los recaudadores de impuestos es más fácil la vía corta con la implementación de medidas coercitivas con el garrote en la mano contra los deudores del pago del impuesto predial mediante el cobro judicial y ejecuciones de embargos, y no con una negociación.

Hace unos días el ayuntamiento de Puebla, como ocurre con 103 de 217 ayuntamientos del estado, le cedieron a la secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal el cobro del predial para recuperar unos 10 mil adeudos con más de un lustro.

El gobierno estatal se convierte en el ejecutor de la persecución fiscal contra los contribuyentes con el amago de demandas judiciales que terminarán en la ejecución de embargos.

En efecto, falta cultura en el cumplimiento contributivo, pero también los contribuyentes quieren transparencia y cuentas claras del destino de los impuestos y el gasto anual de los tres órdenes de gobiernos, porque predomina la opacidad y no hay piso parejo en los cumplimientos.

Por ejemplo. Los ciudadanos en su vida cotidiana viven las carencias de movilidad urbana al lidiar con baches, la inseguridad pública (asaltos en vías peatonales, en el transporte público, el robo de autopartes y vehículos) las deficiencias en los servicios públicos… ¿entonces dónde está y en qué se aplica el gasto anual?

¿Cuántos millones de pesos se gastan en la promoción de funcionarios públicos, en peleas boxísticas de exhibición, en los espectáculos en el recinto ferial o en festivales como Glow México 2026, entre otros eventos masivos?

Los ciudadanos harán frente a la persecución fiscal vía judicial, mientras en cada revisión de las cuentas públicas los reportes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) les atribuye a más de medio centenar de exgobernantes municipales y del estado anomalías -solo en 2024- por cientos de millones de pesos, más de mil 500 mdp por presunto daño patrimonial.

Es extensa la lista de expresidentes municipales con observaciones de 11 mdp hasta más de 350 mdp, así como a organismos públicos descentralizados como el Soapap por 17 mdp, incluidas observaciones a un exmandatario estatal, por casi 150 mdp.

Pregunta. Con qué autoridad moral los tres órdenes de gobierno van a emprender cobros judiciales por adeudos del impuesto predial mientras los gobernantes no justifican el gasto de ciento de millones de pesos, no sólo de las cuentas públicas del 2024, sino de los respectivos trienios o sexenios.

Contrasta el amago de embargo por el impuesto predial a los ciudadanos, mientras hay dispendio de recursos millonarios en la promoción partidista de funcionarios públicos con aspiraciones en candidaturas para el 2027.

Funcionarios púbicos estatales y municipales realizan propaganda abierta con dispendio de recursos con la complicidad del INE y el IEE, pintando bardas, , regalando tamales y suvenires, sin que expliquen el origen del dinero.

Para exigir a los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones, los gobernantes deben predicar con el ejemplo.Los servidores públicos deben evitar el dispendio y dar prioridad a mejorar la calidad de vida de la población, ejercer con transparencia el gasto -que se vea en el asfalto-, en la seguridad pública, los servicios públicos, de salud y educación, y que no causen daños patrimoniales a las haciendas municipales y estatales, porque son recursos de los poblanos.