Nada Personal

01 de mayo de 2026

7:05

Por Pablo Ruiz Meza

Procuración e impartición de Justicia, por consigna

La forma y el estilo de procurar la justicia en el estado sigue sorprendido a más de un poblano respecto a la forma de perseguir los delitos, sin respetar la presunción de inocencia.

Idamis Pastor, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), empezó a llamar la atención en el estado por las denuncias de presunta extorsión denunciada por un empresario contra fiscales procedentes del Estado de México.

Al estar involucrados los fiscales de Adams Pastor en presuntos delitos, generó desconfianza en la sociedad poblana respecto a una institución autónoma, coloquialmente identificada como la abogada del pueblo.

Los funcionarios de la FGE fueron denunciados en noviembre de 2025 por los presuntos delitos de extorsión, fabricación de delitos y detenciones ilegales (el sello de la casa) contra empresarios poblanos; el escándalo obligó a la fiscal a realizar una “limpia”.

Fueron destituidos -que no procesados- los funcionarios Miguel Islas (Unidad de Recursos de Procedencia Ilícita), Jorge Malváez (coordinador operativo) y Luis Antonio León Delgadillo (titular de la FEIDAI); se fueron, pero el estilo no se erradicó.

Llaman la atención los casos polémicos en la actuación de la FGE en las detenciones y reaprehensiones de los presidentes municipales de Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma y San Nicolas Buenos Aires, amparados una y otras veces por la justicia federal.

También las detenciones en Tehuacán de la empresaria Estela Romero Bringas y el notario Ramiro Rodríguez Maclub, en una disputa de la lideresa estatal de Morena Mónica Caballero Carci-Crespo o Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, quien se cambió el nombre para pretender quedarse con una herencia millonaria, con la justicia canteada a su favor.

En ambos casos hoy se sabe que la fiscal General tiene amplias facultades para involucrar a la Marina, la Sedea y la Guardia Nacional para la “vigilancia periférica” en la actuación de los agentes ministeriales; ocurrió en Tlachichuca y Tehuacán. Los militares al servicio de la fiscal.

El estilo y la forma es la misma con un tercer caso polémico, debido a la manera expedita de armar la carpeta de investigación para reactivar una denuncia por presunto lavado de dinero contra el periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez.

Pero el caso más polémico es el ocultamiento de las actuaciones ministeriales y el desistimiento en las indagatorias por el asesinato del matrimonio Tello Ruiz, para dejarle a la Fiscalía General de Tlaxcala la investigación, un hecho criminal en el que presuntamente están involucrados a familiares directos de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En el caso del exdiputado local y exalcalde de Chalchicomula, Uruviel González, ante una nueva vinculación a proceso, los abogados defensores alegan la violación a la presunción de inocencia.

Durante la audiencia celebrada el lunes 27 de abril en la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, la defensa presentó a un perito que exhibió documentos con los que buscan demostrar que la firma atribuida al exalcalde no corresponde a la de un funcionario de gobierno.

Tanto la Fiscalía como el Consejo Municipal no han presentado el documento original por el cual se le está vinculando a proceso, ya que la carpeta de investigación y la propia audiencia se sustentaron únicamente en una copia certificada, argumentó la defensa.

El juez determinó otorgar un plazo de tres días a la FGE para que el Consejo Municipal de Tlachichuca para presentar el documento original como prueba principal, y estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso de los hermanos González Vieyra es propio de un récord de Guinness de la FGE de detener, perder ante la justicia federal y reaprehender para mantenerlos en prisión, con cualquier presunto delito, mismo que la defensa ha desvanecido con pruebas, como ha ocurrido en tribunales federales desde marzo de 2025.

En los casos polémicos descritos, ¿es un deporte judicial o una consigna política?