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Justicia selectiva: cuando la ley tiene favoritos

La justicia debería ser ciega, pero en México pareciera que, en ocasiones, abre los ojos para reconocer apellidos, cuentas bancarias, cargos públicos o colores partidistas. Aunque nuestra Constitución establece que todas las personas somos iguales ante la ley, la percepción ciudadana cuenta una historia distinta: la justicia parece llegar con mayor rapidez para unos y con desesperante lentitud para otros.

No hace falta revisar estadísticas para escuchar el reclamo en la calle. Basta conversar con quien ha esperado años para obtener una sentencia, con la madre que sigue buscando justicia para su hijo o con el comerciante que denunció un delito y jamás recibió respuesta. Mientras tanto, hay casos que se resuelven con una velocidad inusual cuando los reflectores mediáticos están encendidos o cuando los intereses políticos así lo exigen.

La justicia selectiva no siempre consiste en absolver a un culpable o condenar a un inocente. También se manifiesta cuando una investigación se retrasa deliberadamente, cuando un expediente desaparece entre escritorios, cuando el poder económico consigue abogados capaces de prolongar indefinidamente un proceso o cuando la influencia política convierte un asunto judicial en una negociación.

Los verdaderos beneficiarios de este fenómeno no son únicamente quienes logran evadir una sanción. También lo son quienes utilizan la justicia como instrumento de presión, quienes encuentran en las instituciones un mecanismo para proteger intereses personales o quienes saben que la impunidad puede comprarse con dinero, relaciones o poder.

Los perdedores, en cambio, son millones de mexicanos que todos los días cumplen la ley, pagan impuestos, denuncian delitos y esperan que las instituciones respondan con imparcialidad. Cada resolución cuestionada, cada investigación inconclusa y cada acto de corrupción alimentan la desconfianza social y fortalecen la idea de que existen ciudadanos con distintos niveles de protección jurídica.

Sería irresponsable afirmar que todo el sistema de justicia está corrompido. Existen jueces, ministerios públicos, defensores y servidores públicos que desempeñan su labor con profesionalismo y valentía, muchas veces enfrentando enormes limitaciones materiales y presiones externas. Precisamente por ellos resulta indispensable fortalecer la autonomía institucional, transparentar los procesos y exigir que la ley se aplique con el mismo criterio para cualquier persona.

La democracia no se sostiene únicamente con elecciones libres; también requiere instituciones capaces de garantizar que el poder no se convierta en un privilegio frente a la ley. Cuando la ciudadanía deja de creer en la justicia, comienza a perder confianza en el Estado mismo, y ese es uno de los mayores riesgos para cualquier sociedad.

En conclusión, la justicia selectiva no sólo genera impunidad; también destruye la esperanza de millones de personas que aún creen en el Estado de derecho. Sus beneficiarios son pocos, pero sus consecuencias alcanzan a todos. México necesita una justicia que no distinga entre poderosos y ciudadanos comunes, entre amigos y adversarios, entre influyentes y olvidados. La verdadera transformación del país no comenzará cuando cambien los gobiernos, sino cuando la ley deje de tener favoritos y la justicia recupere su único compromiso: servir con imparcialidad a toda la sociedad.

“Mientras la justicia siga teniendo excepciones, la igualdad seguirá siendo una promesa y no una realidad.”

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