El arma que nadie quiere ver

Mucho se ha dicho de la solicitud de extradición y de lo que viene a partir del juicio penal en una corte norteamericana que habrá de enfrentar el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve colaboradores y excolaboradores. Nada hay que pueda frenar el sentido de la justicia y todo es cuestión de tiempo. Ya se han entregado dos de los acusados, mientras que hasta el momento el gobierno de México ha optado por no proceder a la detención mientras no se aporten pruebas. La extradición no necesariamente sería el destino; podría darse un proceso penal en México.

En materia procesal y de extradición existen espacios de interpretación que llevan a que el tiempo transite sin que se llegue a la detención o a la entrega de los imputados. La postura del gobierno de México es clara sobre la inocencia, no como presunción, sino como convicción; aunque, más bien, parece ser un juego calculado por lo que pudiera venir más adelante. Si las autoridades conceden ahora, tendrían que hacerlo en lo sucesivo y, como se ha anticipado por los voceros norteamericanos, las acusaciones apenas inician. No se sabe qué pudiera venir y seguramente eso es lo que mueve a las autoridades mexicanas a no conceder la detención para efectos de extradición.

Una explicación posible es que el régimen ha tomado la decisión, desde ahora, de resistir toda imputación de las autoridades norteamericanas, bajo la tesis de que conceder sería el principio del fin del régimen. Sin embargo, hay una vía, eficaz y de inmediata afectación, que nadie quiere considerar, y consiste en la capacidad de las autoridades norteamericanas de obligar, en función de las reglas en materia financiera, a que la UIF ordene el congelamiento de activos y bloqueo de cuentas.

Debe recordarse que el régimen legal del gobierno norteamericano no es el convencional, sino el que aplica al combate al terrorismo, que otorga facultades extraordinarias y discrecionales. De hecho, la UIF tuvo que ordenar el bloqueo de cuentas de los imputados y de sus familiares cercanos. La presidenta envió a su colaborador más respetado y confiable, Omar García Harfuch, a reiterar la inocencia del gobernador con licencia, una decisión que revela la determinación de la cúpula morenista, de la presidenta y del expresidente, de resistirse a la acción judicial, al menos contra el gobernador Rocha, quien ha anticipado que, si cae él, caen todos; que el ataque no es contra su persona, sino contra el “movimiento” y el expresidente López Obrador.

Sin embargo, la UIF, en el acuerdo 156/2026, ordenó congelar las cuentas de los imputados y familiares desde el 6 de mayo, a partir de la imputación de las autoridades norteamericanas. Esto significa que la presidenta no tiene poder para impedir que el sistema financiero proceda en los términos que dicten las acusaciones. La UIF está obligada a obedecer en virtud de las reglas que rigen su actuación que, a su vez, representa el recurso más poderoso por su inmediata aplicación y la afectación patrimonial que implica. En otras palabras, ningún banco o institución financiera puede desentenderse de las determinaciones de las autoridades norteamericanas.

El régimen legal de la lucha contra el terrorismo deja en un estado de indefensión para las personas imputadas y presenta la imposibilidad de que las autoridades mexicanas, incluso las judiciales, pudieran contenerlo. Una institución bancaria puede ser severamente sancionada —en 2012 HSBC fue multado por 1,200 millones de dólares por lavado de dinero del narco mexicano y colombiano— si no atiende las órdenes de la SEC, aunque hubiera decisiones judiciales nacionales que ordenaran actuar en otro sentido.

Los gobernadores y políticos objeto de señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado cuentan con razones de preocupación. Tal como sucedió con Rocha Moya, ni la presidenta ni el Poder Judicial tienen capacidad para protegerlos frente a una embestida judicial de las autoridades norteamericanas. Real y virtualmente se encuentran en estado de indefensión. Más grave sería si declararan a Morena asociado a una organización terrorista extranjera. El mismo INE no podría transferirle recursos y sus dirigentes y prospectos de candidatos estarían en condiciones judiciales muy comprometidas. Sería el fin del régimen político.

Quizá esta reflexión, vista desde el obradorismo, sea un tanto apocalíptica. Quizá. Pero el mundo ha cambiado y es preciso instalarse en la nueva realidad: lo imposible es posible, por tanto, lo impensable, pensable.