Diagnóstico político

Sin duda, son tiempos de definiciones en Palacio Nacional, donde hay tres preocupaciones. La principal, la presión del vecino del norte para extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Las otras se relacionan con los funcionarios que tienen aspiraciones de participar en el próximo proceso electoral deben separar del  gobierno y finalmente la necesidad de fortalecer trabajo en territorio. Los morenistas se han aburguesado y en las urnas lo podrían resentir.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó estos temas  con su Gabinete legal y ampliado,el pasado 4 de mayo. Entre los participantes más importantes estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles. Además de funcionarios de diversas áreas de la administración.

 Las autoridades federales sienten los estragos de la crisis política en Sinaloa, la cual no se detuvo con la solicitud de licencia que presentó el mandatario Rocha Moya. Por lo mismo, realizaron un trabajo de contención encaminado a preservar la seguridad en la entidad. El Gabinete de Seguridad se reunió con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para ratificar los términos de colaboración entre ambos gobiernos.

A pesar del esfuerzo el Gobierno federal salió mal parado ante la opinión publica,  quedando como encubridores de políticos que llegaron al poder con el supuesto apoyo de narcotráfico.

En este complejo contexto, en Palacio Nacional negaron haber tenido algún conocimiento o sospecha que Rocha Moya estuviera vinculado  al crimen organizado, como lo señala Estados Unidos.

 Por lo pronto, Rocha Moya permanecerá en Sinaloa y, aunque no existen indicios de alguna amenaza, estará bajo protección de la Guardia Nacional. ¿De qué lo cuidan?

La defensa de Rocha obedeció a la lógica de no querer actuar como subordinados frente a la Casa Blanca que presentó su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que señala que la cooperación con México en materia de seguridad estará vinculada a resultados específicos en el combate al narcotráfico.

 El plan contempla la identificación, detención y extradición de líderes de las organizaciones a las que el documento denomina tanto organizaciones criminales trasnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

 Para la mandataria mexicana todo lo que ha venido sucediendo es parte de una campaña de la derecha nacional e internacional, adjudicando corrupción al partido oficial.  Ella endureciendo su discurso al vincularlo con la defensa de la soberanía nacional, aseguró que su gobierno no aceptará presiones externas. Creando de este modo un narrativa donde colocó a Estados Unidos como un agresor a México.

 Apela al sentimiento nacionalista, desde su óptica a mayor presión del exterior la mayoría de los mexicanos estará del lado de su administración. 

En este sentido, exigió pruebas contundentes al Departamento de Justicia estadounidense que respalden las acusaciones contra Rocha. Burocratizar el asunto,  ya que la presión irá en aumento  y vendrán más  solicitudes de este tipo. Por lo mismo, la Presidenta se comprometió a que su administración no encubrirá a ningún servidor público que haya cometido irregularidades.

A pesar de mal momento, a la Presidenta de la República se le presentó la oportunidad de desmarcarse de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

 El mandatario sinaloense  con licencia no formaba parte de su equipo político y tenía más  negativos que positivos. Era parte de la herencia que ha venido arrastrando y generándole muchos problemas en su sexenio.