Cuando el crecimiento urbano se queda sin agua

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, establecido por la ONU en 1992 para promover la conciencia sobre el cuidado de los recursos hídricos y el acceso al agua potable. A nivel internacional, el agua es reconocida como un derecho humano dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En México, el Artículo 4° constitucional garantiza el derecho al agua, mientras que el Artículo 115 establece que los municipios son responsables de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Su gestión se regula a través de la Ley de Aguas Nacionales.

Sin embargo, cuando estas disposiciones se observan desde el territorio, la realidad suele ser distinta. En municipios como Cuautlancingo y Coronango, el acceso al agua potable continúa siendo un problema cotidiano para miles de habitantes. En el caso de Cuautlancingo, de acuerdo con información de sindicatura municipal durante la administración 2021–2024, hasta el año 2023 se contabilizaban alrededor de 350 fraccionamientos, cifra que continúa en aumento debido a la constante construcción de nuevas viviendas, aun cuando el servicio de agua resulta insuficiente y deficiente.

Una situación similar ocurre en Coronango, donde se localiza uno de los fraccionamientos más grandes del estado de Puebla: Misiones de San Francisco, construido en 2008 y conformado por 12 secciones. Actualmente alberga aproximadamente 26,438 habitantes distribuidos en 13,137 viviendas, de las cuales once secciones pertenecen a Coronango. A pesar de la magnitud de este desarrollo habitacional, el abastecimiento de agua potable continúa siendo limitado, mientras que la construcción de nuevos fraccionamientos en la zona sigue avanzando.

En ambos municipios, los habitantes viven diariamente con la incertidumbre de no contar con un servicio regular de agua, aun cuando la mayoría paga por él. Muchas familias se ven obligadas a comprar pipas de agua una o dos veces al mes, cuyo costo ronda los 500 pesos por 5,000 litros, lo que representa una carga económica adicional para sus hogares. Para muchas familias, el acceso al agua depende, en la práctica, de su capacidad de pagar por ella. La situación se vuelve aún más complicada para quienes no cuentan con cisterna y deben almacenar o acarrear el agua en cubetas para cubrir sus necesidades básicas, como ocurre en Misiones de San Francisco, donde gran parte de las viviendas se desarrollan en vertical y las condiciones para el almacenamiento del agua son más limitadas.

Resulta lamentable que muchas familias enfrenten esta situación, ya que al adquirir una vivienda lo hacen con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la falta de servicios básicos como el agua termina afectando no solo su bienestar cotidiano, sino también la calidad de vida y la plusvalía de su patrimonio.

Por ello, es fundamental que las personas que estén pensando en adquirir una vivienda investiguen previamente las condiciones reales del servicio de agua potable en el municipio donde planean comprar. No basta con la información que puedan proporcionar las constructoras; también es importante acercarse a los habitantes, conocer sus experiencias y entender cómo se vive realmente el acceso al agua en ese lugar. Si los antecedentes no son favorables, quizá sea mejor considerar otras opciones, incluso cuando la vivienda resulte atractiva y ofrezca buenas prestaciones en su diseño.

El agua no solo es un recurso natural indispensable para la vida; también está vinculada con la salud, el desarrollo social, la cultura y la justicia social. Su gestión requiere la participación de diversos actores: gobiernos, organismos operadores, concesionarias, sector privado, organizaciones vecinales y ciudadanía. Solo mediante una coordinación efectiva, el fortalecimiento del marco legal, la inversión en infraestructura y la promoción de una cultura de uso responsable será posible garantizar el acceso equitativo al agua.

Cuidar el agua no es únicamente una responsabilidad de las instituciones; también es una tarea que nos corresponde a todos. Su conservación es fundamental para la salud pública, el desarrollo de las comunidades y la construcción de un entorno sostenible. Una vivienda sin agua no puede considerarse desarrollo urbano; pone en evidencia que el derecho al agua aún no es una realidad para todos.

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