Diagnóstico Político

Como parte de la estrategia política de Palacio Nacional, se planteó que el proceso de revocación de mandato pueda darse en el tercero o cuarto año del sexenio. La justificación de cara a la opinión pública es evitar el gasto de dinero al volver a instalar las casillas. Refuerzan la narrativa citando el ejemplo de lo sucedido en el 2022, cuando solamente pudieron instalarse una tercera parte de las urnas y  hubo una votación de 16  millones. De aprobarse el proyecto, la Presidenta de la República tendría la facultad de hablarle a la población; finalmente será ésta la que determine si se queda o se va. Desde su óptica, tal situación no da ninguna ventaja electoral a Morena y, por lo mismo, no aceptó el cambio en la redacción propuesto al artículo 35 Constitucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene claro la necesidad de reforzar su poder. Es consciente del peligro y desgaste que conlleva la revocación de mandato; aún así prefiere correr el riesgo a seguir con las ataduras o arreglos heredados por el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador. Quiere gobernar a plenitud en el último tramos de su administración, preparar su salida y, sobre todo, llegar sin compromisos al procesos sucesorio en el 2029. 

 En el camino ha encontrado resistencia de los partidos de oposición y del Partido Verde Ecologista de México(PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), este último desaprobó que el proceso de revocación pueda darse en el tercero o cuarto año. El coordinador de los petistas en el Senado, Alberto Anaya, dejó en claro su posición al pedir eliminar la posibilidad de que la revocación de mandato se lleve a cabo en el 2027, Considera que la empataría con las elecciones intermedias y se vería  reflejado en una mayor votación para Morena. En conclusión su instituto político dejaría de ser necesarios.

 Aunque el fondo del debate sea la fecha de la revocación de mandato, para los morenistas ese punto no está a debate. La aprobación en el pleno podría darse esta misma semana o después de Semana Santa.

Por lo pronto,el documento conocido como Plan B llegó el pasado 24 de marzo a las comisiones dictaminadoras  del Senado de la República; ahí de nueva cuenta Morena descartó cambios en materia de revocación de mandato y solo trabajará en la modificación al Artículo 115 Constitucional, al realizar una revisión profunda jurídica y en sus redacción detectaron temas relacionados a la constitucionalidad, los cuales incluso podrían derivar en modificaciones. El texto tal como fue enviado podría generar una obligación indirecta para que municipios con cabildos reducidos incrementen su número de integrantes; en la iniciativa se plantea que las regidurías tendrán un límite de siete hasta 15. 

A marcha forzadas las comisiones dictaminadoras trabajan en una nueva redacción junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo y así evitar este efecto, incluso considerando rangos más amplios como de 1 a 15 integrantes. Este ajuste permitirá flexibilidad a los estados, este punto había generado ruido entre los gobernadores.

Vale la pena reflexionar sobre el papel de los regidores , la mayoría de ellos son producto del pago de favores de las campañas electorales y tiene una escasa productividad. El regidor promedio suele estar preocupados por los viáticos y los bonos que pueden obtener, los altos sueldos que perciben no se reflejan en mejoras de sus respectivos municipios. A esto hay que agregar que los presidentes municipales cuando tienen un interés en la aprobación de algún punto en el Cabildo recurren a  los sobornos y cuando no funciona, a las amenazas.