Notas para un lector improbable
Hay cifras que incomodan. Hay otras que deberían indignar. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 coloca a México con 27 puntos sobre 100 y en el lugar 141 de 182 países. Pero el dato cobra sentido en perspectiva: en 2012 tenía 34 puntos (105 de 176); en 2018 cayó a 28 (138 de 180). Hoy no solo se mantiene en esa caída, la profundiza. México, perdió posiciones relativas frente al mundo. Es decir, no solo NO mejoró, sino que otros países avanzaron mientras México retrocedía.
La respuesta no está en la superficie. No es solo cultural. No es solo casual. Es estructural.
México está en esa posición porque el sistema político e institucional ha sido incapaz y en ocasiones poco dispuesto a generar condiciones reales de control, vigilancia y sanción. Como advierte el enfoque democrático sobre transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas no es un complemento del poder, es su límite. Y en México, ese límite no se hace efectivo.
El problema de fondo es que la transparencia dejó de ser un instrumento efectivo de control ciudadano y se convirtió, en muchos casos, en una formalidad administrativa. Hay leyes, hay plataformas, hay discursos… pero no hay consecuencias, hay una simulación institucional. Y sin consecuencias, la información pública pierde su capacidad transformadora.
Se simula transparencia cuando la información se fragmenta o se oculta en tecnicismos, cuando no hay sanciones firmes o cuando los casos emblemáticos no concluyen en justicia.
El resultado es predecible: una ciudadanía que observa, pero no incide… y que también participa. Porque la corrupción no solo se impone desde arriba, también se reproduce desde lo cotidiano. Participa quien ofrece el “moche” para evitar una multa; quien normaliza prácticas ilegales para facilitarse la vida; quien intercambia legalidad por conveniencia.
Así, los ciudadanos no solo padecen el sistema, también lo alimentan. Se configura un círculo vicioso donde la corrupción deja de ser excepción para convertirse en mecanismo de solución inmediata. Y en ese proceso, lo que se pierde no es solo legalidad, sino la posibilidad misma de exigirla.
El Índice de Percepción de la Corrupción no mide solo actos indebidos, mide confianza. Y en México, esa confianza está erosionada porque en múltiples regiones el poder formal convive y en ocasiones coopera con estructuras informales como el crimen organizado que ha llegado a ocupar vacíos que deja el Estado.
Pero hay una causa más incómoda: la debilidad deliberada de los contrapesos. La democracia, no se sostiene solo en elecciones, sino en la existencia de mecanismos efectivos de vigilancia, acceso a la información y control del poder. Cuando estos mecanismos se debilitan ya sea por decisiones políticas, reformas institucionales o abandono presupuestal, el costo de la corrupción disminuye.
México no ha logrado mejorar en el índice porque no ha fortalecido los elementos que lo corrigen: autonomía institucional, transparencia efectiva y sanción real.
Por eso el IPC no refleja solo percepción: refleja experiencia acumulada. La experiencia de ciudadanos que no ven castigo, de empresas que enfrentan sobrecostos, de periodistas que operan sin protección y de votantes que dudan de la integridad del proceso democrático.
Cuando la corrupción es tolerada, la transparencia es simulada y la justicia es selectiva, el índice deja de ser un indicador externo y se convierte en un espejo interno.Un espejo incómodo, pero preciso. Y lo más grave no es lo que refleja, sino que cada año nos parezca menos sorprendente.




