Cuauhtémoc Cárdenas: el hombre que abrió el camino de la democracia
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizó la primera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2025, concentrándose en las participaciones federales transferidas a Estados y Municipios; como parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), un acuerdo mediante el cual, las entidades federativas cedieron a la federación algunas de sus potestades tributarias con el fin de obtener una participación de los ingresos fiscales federales.
Las participaciones federales son aquellos impuestos que tanto las personas físicas o morales pagan y que se recaudan por parte de la federación, para ser distribuidas a los Estados y estos a su vez a los Municipios, los cuales, pueden utilizar este recurso federal en: reparación y mantenimiento de calles y avenidas, servicios urbanos, alumbrado y recolección de basura, programas locales y mantenimiento de espacios públicos.
De acuerdo a la información oficial de la Auditoría Superior de la Federación, entre los principales resultados de las 33 auditorías realizadas -1 a la SHCP y 32 a entidades federativas, -destacan: 101 observaciones determinadas, 4 atendidas y 7 pendientes por aclarar, 1.5 billones de pesos en recursos revisados correspondientes al ramo 28, 1.4 millones de pesos pendientes por aclarar y 20. 7 millones de pesos en recuperaciones operadas.
Ahora, se dejó para una segunda entrega -octubre- las auditorías al gasto ejercido por las dependencias y entidades del gobierno federal, incluyendo programas sociales y los proyectos de infraestructura, esto quiere decir que continúan en el limbo las obras emblema de la administración de Andrés Manuel López Obrador, como lo son el tren maya, tren interoceánico, refinería olmeca dos bocas, aeropuerto Felipe Ángeles y los programas sociales más importantes.
En el caso de Puebla no se detectaron irregularidades ni daño patrimonial.
La primera entrega de la cuenta pública dejó evidencia del sistema de rendición de cuentas en México, por un lado, los estados ejercieron las participaciones federales sin daño patrimonial y por otro, postergar las auditorías de los megaproyectos y programas sociales claves, debilitando el propósito de la ASF consistente en garantizar que cada peso de los contribuyentes se utilice con máxima transparencia.