Al margen del Estado

Paquete Económico 27: El 1% sospechoso

El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 2027. Además de las previsiones de ingresos y gasto público, incluyó diversas reformas fiscales que todavía deberán discutirse y aprobarse en el Congreso. Entre ellas aparece una peculiar propuesta para limitar las deducciones de ciertas empresas con ingresos superiores a cincuenta millones de pesos a partir del próximo año.

El mecanismo parte de sus modelos de riesgo. Según Hacienda, una porción de los gastos empresariales suele relacionarse con compañías “con características de factureras”. Entonces, cuando las deducciones no superen el 96.67% de los ingresos, el nuevo artículo 78-B permitiría aplicar solamente el 99% de ellas. El uno por ciento restante quedaría pendiente para ejercicios posteriores. Si las deducciones rebasan aquel umbral, únicamente podrá deducirse hasta el 96.67% de los ingresos acumulables.

Quiero aquí poner un pequeño alto, antes de que se malentienda la cosa. Y es que facturar mucho no equivale a ganar mucho. Gasolineras, supermercados, distribuidoras de medicamentos, comercializadoras de materias primas, transportistas y agencias automotrices pueden registrar ingresos de cientos de millones de pesos mientras operan con márgenes de utilidad de apenas uno, dos o tres por ciento. En estos negocios, casi todo lo cobrado se destina a adquirir mercancía, combustible, pagar logística, nómina o mantener la operación. Por ello, que sus deducciones superen el 96.67% de los ingresos puede responder a la estructura ordinaria de su actividad y no a la compra de facturas falsas. El límite propuesto convertiría un margen comercial legítimamente reducido en un indicio automático de evasión.

Pensemos en una empresa que obtiene cien millones de pesos y acredita ochenta millones de gastos indispensables. Actualmente tendría una utilidad fiscal de veinte millones y pagaría seis millones de ISR. Con la propuesta, sólo podría deducir 79.2 millones; su impuesto ascendería a 6.24 millones. Hacienda cobraría 240 mil pesos adicionales sin haber demostrado que alguna factura fuera falsa.

El efecto crece conforme se reduce el margen de utilidad. Una empresa con cien millones de ingresos y noventa y nueve millones de deducciones pagaría actualmente 300 mil pesos de ISR. Con el límite propuesto, su utilidad fiscal se elevaría artificialmente a 3.33 millones y el impuesto alcanzaría 999 mil pesos; o sea, un nada proporcional aumento del 233%.

La explicación oficial sostiene que, entre las empresas cuyas deducciones permanecen debajo del 96.67%, alrededor del uno por ciento de las erogaciones se vincula con entidades “con características de factureras”. Cuando superan el nivel del 96.67%, la proporción promedio sería del diez por ciento. El modelo estadístico que debería orientar las facultades de comprobación termina convertido en una regla aplicable también a quien pueda demostrar la realidad, materialidad y necesidad de todas sus operaciones.

El ISR debe gravar la utilidad real, para cuya determinación resulta indispensable reconocer los gastos estructurales de la actividad. La iniciativa acepta que las cantidades excluidas podrán deducirse durante los veinte ejercicios siguientes, pero cada año volverán a quedar sujetas al mismo límite. Es decir, el diferimiento puede transformarse en una acumulación permanente de deducciones pendientes.

Por otro lado, estrictamente hablando, el artículo 78-A contiene una paradoja. Sí, exige que las empresas “determinen utilidad fiscal” para quedar sujetas al mecanismo… bajo una lectura literal, una sociedad con cien millones de ingresos y noventa y nueve millones de gastos entraría al límite; otra con ciento cinco millones de gastos y pérdida fiscal podría quedar fuera, aunque las pérdidas recurrentes constituyen una de las conductas que la propia iniciativa pretende combatir. Veremos qué pasa con esa literalidad.

La propia Hacienda reconoce que la anomalía representa apenas uno de cada cien pesos. La respuesta lógica sería investigar ese peso. La iniciativa prefiere cobrárselo a todos. Así, una excepción estadística termina convertida en regla tributaria, pues basta con que el uno por ciento sea sospechoso para que el otro noventa y nueve también pague las consecuencias.

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