A la vista pública

Predial: La delgada línea entre modernizar y depender.

Hay decisiones que, vistas de cerca, incomodan; pero vistas con distancia, empiezan a hacer sentido.

El debate sobre el predial en Puebla ha sido planteado como una disputa de poder: municipios contra estado, autonomía contra centralización. Debajo del ruido político hay una pregunta más incómoda: ¿qué pasa cuando la autonomía no alcanza para sostenerse?

La mayoría de los municipios del país mantienen una dependencia estructural, prácticamente absoluta, de los recursos federales. En ese contexto, el convenio impulsado por la administración estatal no aparece como una imposición, sino como respuesta pragmática a una debilidad histórica.

Y ahí es donde la discusión cambia. El estado tiene infraestructura, tecnología, puntos de cobro, convenios bancarios y capacidad operativa que muchos municipios no poseen. Donde uno improvisa, el otro sistematiza. Donde uno reacciona, el otro proyecta.

El Fondo de Fomento Municipal no premia la intención, premia resultados. Y en ese esquema, la coordinación no es un favor: es una puerta. Los municipios que logran mejorar su recaudación no solo cobran más predial, también acceden a mayores participaciones federales. Es decir, el beneficio no está en el impuesto, sino en lo que detona.

Si el estado administra la recaudación, pero no garantiza transparencia absoluta en la devolución de los recursos, rápida, verificable y sin discrecionalidad, el mecanismo se desvirtúa. Y lo que hoy se presenta como coordinación, mañana puede percibirse como control.

Hay un riesgo silencioso: la atrofia institucional. Si los municipios dejan de entender su territorio, si delegan no sólo el cobro sino el conocimiento, el problema NO se resuelve, se traslada. Un municipio que no conoce su catastro no gobierna su crecimiento.

Sin embargo, ese riesgo no invalida la herramienta; obliga a implementarla mejor. Para municipios con alta morosidad, baja capacidad tecnológica y urgencia financiera, este modelo no solo funciona: puede ser transformador. Facilita el pago al ciudadano, amplía la base gravable sin subir impuestos y, quizá lo más relevante, genera ingresos adicionales sin recurrir a deuda.

En un país donde la mayoría de los municipios vive al día, fortalecer ingresos propios sin comprometer el futuro no es opcional. Es necesario. Por eso, el convenio no debe verse con prejuicio, sino con exigencia: transparencia en tiempo real, reglas claras de distribución y fortalecimiento paralelo de los catastros municipales.

Bajo esas condiciones, el convenio no es una renuncia, es una ruta. Una herramienta transitoria para ordenar, modernizar y fortalecer capacidades. No sustituye al municipio, lo prepara; no concentra poder, bien implementado, lo redistribuye.

Porque al final, el objetivo no es quién cobra mejor.
Es quién logra, por fin, dejar de depender.

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