A la Vista Pública

Cuando la sospecha pesa más que la prueba: el caso del profesor Alberto Jasso

El pasado 21 de julio, México presenció uno de los episodios más dolorosos que ha dejado el debate público de los últimos años. Durante tres minutos con treinta y siete segundos, el profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, habló frente a una cámara con una serenidad que hoy resulta estremecedora. No buscaba defenderse únicamente de una acusación; estaba anunciando su muerte. “En un momento dejaré este plano existencial”, dijo antes de quitarse la vida.

Más allá de las investigaciones que correspondía realizar y de la verdad jurídica que nunca conoceremos, una realidad resulta imposible de ignorar: un ser humano llegó a la convicción de que morir era la única forma de enfrentar el peso de una acusación y de una condena social que, para él, ya estaba consumada.

La discusión no consiste en decidir si el profesor era culpable o inocente. Esa tarea corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. El verdadero problema es otro: ¿qué ocurre cuando una acusación basta para destruir la vida de una persona antes de que el Estado determine la verdad?

Vivimos una época en la que las redes sociales avanzan mucho más rápido que la justicia. Una denuncia, formal o informal, puede recorrer el país en cuestión de horas. El expediente apenas comienza a integrarse cuando la reputación ya ha sido pulverizada, el empleo suspendido, la familia expuesta y el señalado convertido en culpable ante la opinión pública.

El docente ocupa una posición particularmente vulnerable. En una profesión donde la confianza lo es todo, una sola acusación puede destruir una trayectoria de años. Mientras las instituciones reaccionan con medidas preventivas para contener la presión social, el profesor suele enfrentar el proceso sin respaldo jurídico, sin apoyo psicológico y con su reputación ya sentenciada.

El daño suele ser irreversible. Incluso si la investigación concluye sin acreditar responsabilidad, difícilmente se recuperan el prestigio, el empleo o la paz. Defender el debido proceso no significa restar importancia a las denuncias ni a la violencia de género; significa garantizar que las víctimas sean protegidas y que toda investigación se conduzca con rigor, sin sacrificar un principio esencial del Estado de derecho: la presunción de inocencia.

Cuando uno de esos principios desaparece, la justicia deja de impartirse y comienza a administrar sospechas.

Este debate ya llegó a los congresos locales. En Puebla se presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y sancionar las denuncias o imputaciones falsas contra personal educativo cuando se acredite que fueron promovidas dolosamente para causar un daño laboral, profesional o administrativo. La propuesta debe analizarse con responsabilidad: no pretende inhibir las denuncias legítimas ni vulnerar a las víctimas, sino establecer consecuencias para quienes utilicen el sistema de justicia como un instrumento de represalia. Porque una denuncia falsa no solo destruye la vida de un inocente; también debilita la credibilidad de las víctimas reales y la confianza en las instituciones. 

El caso Alberto Jasso no habla únicamente de un profesor; habla de todos nosotros. De una sociedad que confunde la sospecha con la culpa y la viralidad con la verdad. La justicia solo existe cuando los hechos se investigan, se prueban y los tribunales deciden. Todo lo demás es linchamiento.

• [email protected]