Impugnan fallo que validó cateo ilegal en Puebla

PUEBLA, Pue., 16 de junio de 2026.- Fernando Juárez Morales, quien pasó nueve años en prisión por delitos que asegura no cometió y posteriormente fue reconocido como víctima de un error judicial en Puebla, denunció presuntas irregularidades en la actuación de la jueza de oralidad de control con sede en Puebla, Laura Tlatempan Ramos, al considerar que favoreció la impunidad de funcionarios adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con Juárez Morales, expuso que la juzgadora calificó como legal una diligencia que previamente había sido considerada un cateo ilegal por diversas instancias judiciales estatales y federales. Entre ellas, señaló resoluciones emitidas por un Juzgado de Distrito, un Tribunal Colegiado de Circuito, así como sentencias del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Según los antecedentes del caso, una sentencia emitida el 24 de enero de 2022 por el entonces Juzgado Segundo de lo Penal determinó que una inspección ministerial realizada en agosto de 2013 constituyó en realidad un cateo ilegal, al haberse efectuado sin autorización judicial, vulnerando el artículo 16 de la Constitución mexicana relativo a la inviolabilidad del domicilio. Dicha determinación fue ratificada posteriormente por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Puebla.

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Sin embargo, Juárez Morales sostiene que la jueza Laura Tlatempan Ramos no reconoció el carácter de cosa juzgada de esas resoluciones al resolver una audiencia celebrada el pasado 2 de junio de 2026, en la que determinó la no vinculación a proceso de varios exfuncionarios investigados por presuntos delitos de robo agravado, abuso de autoridad y delitos cometidos en la procuración y administración de justicia.

Ante esta decisión, Fernando Juárez presentó un recurso de apelación en el que argumenta violaciones a los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y debido proceso. En el documento señala que las resoluciones judiciales previamente ejecutadas no podían ser modificadas ni reinterpretadas para sustentar una nueva determinación.

Entre los agravios expuestos, también sostiene que no existió una fundamentación suficiente para apartarse de criterios previamente establecidos por órganos jurisdiccionales superiores y cuestiona la valoración de los datos de prueba realizada por la jueza de control. Fernando Juárez y su equipo de abogados solicitaron que una instancia superior revise la resolución impugnada y determine si existieron irregularidades procesales durante el desarrollo del caso.

Hasta el momento, la jueza Laura Tlatempan Ramos y la Fiscalía General del Estado no han emitido un posicionamiento público respecto de los señalamientos formulados por Fernando Juárez Morales.

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