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PUEBLA, Pue., 6 de febrero de 2026.- Con el amparo 211/2023 ya autorizado por una jueza federal, Fernando Juárez Morales acudió este día a una diligencia ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) para iniciar formalmente el proceso de reparación del daño en su calidad de víctima de error judicial, luego de haber pasado nueve años en prisión por delitos que no cometió.
La sesión, que fue acompañada por un visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo como objetivo poner en marcha una evaluación multidisciplinaria del impacto que la privación de la libertad tuvo en su proyecto de vida y verificar que el procedimiento se realice sin nuevas violaciones a sus derechos.
Durante el encuentro, Fernando y sus abogados de los despachos Calva Corro y Zavala Carballido denunciaron actos de revictimización y omisiones procesales por parte de las autoridades, al tiempo que subrayaron la necesidad de transparentar las irregularidades acumuladas a lo largo de su caso.
La defensa expuso que la estrategia para lograr una reparación integral combina tres frentes: la cuantificación económica de las afectaciones, la evaluación del daño al proyecto de vida y la fiscalización de las autoridades involucradas en el proceso que lo llevó a prisión.
De acuerdo con los representantes legales, la cuantificación del daño no se limitará a un monto económico, sino que buscará incorporar las irregularidades sistémicas y el trato inhumano que Fernando ha denunciado desde su detención.
El abogado Gustavo Zavala explicó que en esta etapa el objetivo es obtener una reparación directamente vinculada al error judicial derivado de las distintas causas penales de las que resultó absuelto. Como parte del procedimiento ante la CEEAVI, se realizará una entrevista y valoración multidisciplinaria para medir la pérdida de oportunidades, las afectaciones a su educación y los beneficios que no pudo obtener durante los años que estuvo privado de la libertad.
Los abogados recordaron que, antes de llegar a esta etapa, ya se promovieron recursos como un amparo y un incidente de inejecución, este último por el incumplimiento de funcionarios que debieron ser destituidos tras detectarse irregularidades en la dependencia.
En entrevista, Fernando agradeció el respaldo judicial y señaló: “yo le agradezco precisamente a la fuerza octava en materia civil y administrativa que se fajó bien la toga y le hizo precisamente ver las irregulares que impugnó esta dependencia que me ha revictimizado, no solamente a mí, sino a diferentes víctimas, pero yo en el momento yo no me he quedado callado, ahorita tengo voz y voto”.
También advirtió que sus abogados ya hicieron del conocimiento de las autoridades superiores su situación y agregó: “somos víctimas tenemos derechos humanos como valor y dignización, que tanto esta dependencia nos ha negado los superiores jerárquicos tienen conocimiento el gobernador del estado, la maestra Artemisa y el secretario de gobernación Sergio Pala, en algún momento si algo me llegara a pasar hago y reitero que ya tienen conocimiento mis abogados particulares”.
Detienen a Fernando en 2013 y le hacen un documental
El caso tiene su origen en 2013, cuando Fernando Juárez Morales fue detenido en Puebla por los delitos de usurpación de funciones, cohecho y posesión de un vehículo robado. Él negó los cargos y solicitó pruebas periciales, pero no se le permitió defenderse adecuadamente. Pasó nueve años en prisión sin haber cometido delito alguno y, desde su liberación hace casi cuatro años, busca que las autoridades lo reconozcan como víctima de un error judicial y le otorguen una reparación integral del daño.
En el juicio de amparo 211/2023, el Juzgado Octavo de Distrito lo reconoció como “persona vulnerable” víctima de un “error judicial”, con el respaldo del asesor jurídico federal Alejandro García Bautista. A partir de esa resolución, ahora la CEEAVI debe intervenir para concretar la indemnización y las medidas de reparación.
Fernando ha relatado que, tras su paso por prisión y las situaciones de tortura que sufrió durante su reclusión, conseguir empleo se ha vuelto una tarea casi imposible. Además, tuvo que alejarse de su familia para poder continuar la búsqueda de justicia, luego de que su pareja fuera amenazada por intentar ayudarlo. Debido a las constantes agresiones dentro de los penales, padece estrés postraumático y ya no está en condiciones de ejercer como enfermero.
Su historia fue documentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un material producido en colaboración con el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, publicado el 8 de mayo de 2025 en el canal Justicia TV. Para su defensa, la diligencia ante la CEEAVI representa la culminación de un proceso tortuoso y el inicio de una etapa en la que, con base en el amparo 211/2023, el Estado debe reconocer el daño causado y reparar, de manera integral, la vida de Fernando Juárez Morales.




