Reabren caso contra funcionarios de Puebla por prisión injusta

PUEBLA, Pue., 30 de abril de 2026.- Un juicio de amparo federal otorgado a Fernando Juárez Morales obligó a la reapertura de un proceso penal en Puebla contra cinco servidores públicos de la Fiscalía General del Estado y cuerpos periciales, acusados presuntamente de los delitos de robo y abuso de autoridad.

De acuerdo con documentos judiciales, una Jueza de Control dejó sin efecto acuerdos previos y ordenó una nueva audiencia de formulación de imputación, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de mayo de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Puebla, a las 12:00 hrs.

La autoridad judicial advirtió que, en caso de inasistencia de los imputados, podrá utilizarse la fuerza pública para garantizar su comparecencia. Además, el tribunal local deberá remitir pruebas del cumplimiento del amparo al juzgado de distrito para evitar posibles sanciones legales.

Los señalados son José Martín Nicolas Flores Figueroa y José Alfredo Reyes Tecuatl, elementos de la Fiscalía General del Estado; José Díaz Espinoza y José Benigno García Ferrer, agentes de la Agencia Estatal de Investigación; así como Lilia Meneses Romero, integrante del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía de Puebla.

La investigación, impulsada por la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, busca esclarecer la presunta comisión de robo y abuso de autoridad en agravio de Fernando Juárez Morales.

En entrevista, Fernando Juárez Morales aseguró que los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2013, cuando presuntamente agentes ministeriales irrumpieron en su domicilio pese a que ya se encontraba detenido.

“Ya detenido y sin orden judicial irrumpieron en mi domicilio el 6 de agosto del 2013 y fui torturado por el agente del ministerio público y ministeriales que irrumpieron en mi domicilio junto con diversos ministeriales y agentes del ministerio público adscritos a la entonces agencia 7 del ministerio público especializada en la investigación de robo de vehículo”, declaró.

El caso de Fernando Juárez Morales cobró relevancia luego de que permaneciera nueve años en prisión por delitos que aseguró no haber cometido. En febrero de 2026, con el amparo 211/2023 concedido por un juzgado federal, acudió ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI) para iniciar el proceso de reparación integral del daño como víctima de error judicial.

El Juzgado Octavo de Distrito lo reconoció oficialmente como “persona vulnerable” y víctima de un “error judicial”, resolución que abrió la puerta para exigir indemnización y medidas de reparación por parte del Estado.