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PUEBLA, Pue., 7 de octubre de 2026.- Durante la última década, las aulas universitarias de Puebla han quedado marcadas por una sucesión de feminicidios que cobraron la vida de jóvenes poblanas y de mujeres que llegaron desde otros estados o países para estudiar.
Un recuento hemerográfico realizado por Quadratín Puebla permitió identificar al menos ocho casos de estudiantes o exestudiantes universitarias vinculadas con Puebla cuyos asesinatos fueron investigados, reconocidos o documentados como feminicidios, entre 2016 y 2026.
La lista incluye alumnas de la BUAP, UPAEP, Ibero Puebla, Universidad Madero y, más recientemente, una exalumna de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La década comenzó con dos casos que golpearon particularmente a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Tania Verónica Luna, estudiante de Sociología y originaria de Veracruz, fue encontrada sin vida el 29 de septiembre de 2016 dentro de su domicilio en la colonia Tepeyac de la capital de Puebla.
La joven fue estrangulada con una cadena, motivo por el cual la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso por feminicidio a Luis H., a quien Tania había conocido a través de Tinder.
Días después, la comunidad universitaria recordó que Tania no sólo era una estudiante, sino una joven interesada en los estudios de género y los derechos de la diversidad sexual.
Su muerte provocó pronunciamientos dentro de la BUAP y exigencias para que las autoridades investigaran sin revictimizarla.
Ese mismo año fue asesinada María José Feliciano Romero, de 21 años, originaria del municipio de Ajalpan y estudiante de Estomatología de la BUAP.
La joven desapareció en abril de 2016 y su caso fue incluido posteriormente por la propia universidad entre los feminicidios que afectaron a integrantes de su comunidad.

En 2017 los nombres de universitarias aparecieron nuevamente en los expedientes de feminicidio.
Minerva Hernández, de 26 años y originaria de Durango, estudiaba en la Universidad Iberoamericana Puebla.
Fue asesinada a puñaladas en su domicilio en marzo de ese año, después de rechazar una relación sentimental con un hombre que conocía de la universidad.
El caso fue investigado como feminicidio y el presunto responsable fue identificado por las autoridades.
En junio, Patricia Verónica Rosales García, de 27 años, estudiante de la Universidad Madero, fue encontrada sin vida en un predio de Chachapa, municipio de Amozoc.
Había sido estrangulada con una cadena, además de presentar golpes y estar atada.
La FGE investigó el caso como feminicidio y señaló como línea de investigación la relación de la víctima con su pareja, quien también fue asesinado.
Tres meses después llegó uno de los casos que trascendió las fronteras de Puebla: Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de Ciencias Políticas de la UPAEP y originaria de Xalapa, Veracruz.
Mara, de 19 años, desapareció después de abordar un vehículo de Cabify la madrugada del 8 de septiembre.
Su cuerpo fue localizado días después en una barranca de la junta auxiliar Santa María Xonacatepec de la capital de Puebla.
El conductor Ricardo Alexis fue vinculado a proceso por feminicidio y posteriormente recibió una sentencia de 50 años de prisión, que fue ratificada en segunda instancia.
El caso provocó movilizaciones en Puebla y otras ciudades del país y llevó la discusión sobre la seguridad de las mujeres usuarias de plataformas de transporte al ámbito nacional.
El Instituto Nacional de las Mujeres condemned el crimen y exigió estándares de seguridad para este tipo de servicios.

En mayo de 2019, Ingrid Aremis Guevara Aguirre, de 21 años, estudiante de Psicología de la BUAP y originaria de Xalapa, Veracruz, fue encontrada sin vida en el domicilio que compartía, en el municipio de San Andrés Cholula.
La investigación estableció que murió por estrangulamiento y señaló a una persona con quien había mantenido una relación.
La BUAP mantiene su memoria vinculada a la lucha universitaria contra la violencia de género.
En 2022, la institución realizó un foro en su memoria y reconoció públicamente que Ingrid había sido víctima de feminicidio.
Ese mismo año, Diana Celina González Hernández, originaria de Veracruz, llegó a Puebla para estudiar Comercio Internacional en la BUAP.
Para cuando desapareció, ya había concluido la carrera y trabajaba en la entidad.
Fue reportada como desaparecida en diciembre de 2019 y localizada sin vida en Guerrero en enero de 2020.
La FGE señaló como responsable a un compañero de trabajo, quien posteriormente se suicidó.
El caso de Diana también expuso otra característica de esta violencia en Puebla que no sólo ha sido escenario de crímenes contra jóvenes nacidas en el estado, sino también destino de mujeres que llegaron para estudiar y construir una vida profesional.

La muerte de Ximena Quijano Hernández, estudiante colombiana de Medicina de la UPAEP.
Ximena llegó a Puebla mediante un intercambio académico y en febrero de 2020 fue asesinada en Huejotzingo junto con sus compañeros José Antonio Parada, también colombiano y estudiante de la UPAEP; Francisco Javier Tirado, alumno de la BUAP; y el conductor de Uber José Emmanuel Vital.
Aunque el caso fue documentado dentro de los feminicidios por las circunstancias particulares de la muerte de Ximena, la sentencia judicial fue por homicidio calificado y robo de vehículo, no por feminicidio. Tres responsables recibieron una condena acumulada de 68 años.

María Fernanda Orozco Suárez, de 24 años, según los distintos reportes iniciales, fue localizada sin vida el 4 de octubre en un departamento del municipio de San Andrés Cholula.
Había estudiado Arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), aunque no era alumna activa desde hacía más de un año.
El rector Luis Ernesto Derbez confirmó que tanto ella como el hombre señalado por el crimen habían pertenecido anteriormente a la comunidad universitaria.
La FGE informó que la joven murió a consecuencia de asfixia por sofocación asociada con un traumatismo craneoencefálico y que su pareja, Bryan Alexandro N., quedó detenido y es investigado como presunto responsable del feminicidio.
La noticia volvió a llevar el reclamo a las calles, por lo que el 5 de octubre, alrededor de un centenar de estudiantes se manifestó frente a la UDLAP y exigió esclarecer el crimen, justicia y revisión de los protocolos de atención a la violencia de género.





