San Miguel concentra extorsiones en penales; denuncian cobros de hasta 300 mil pesos

PUEBLA, Pue., 13 de noviembre de 2026.- Cobros de hasta 300 mil pesos, cuotas semanales para evitar golpizas, pagos para salir de celdas de castigo y amenazas contra familiares forman parte de las denuncias que mantienen bajo cuestionamiento al sistema penitenciario de Puebla.

​El Penal de San Miguel concentra los señalamientos más graves por presuntas redes de extorsión, mientras que en otros reclusorios también existen alertas por autogobierno, sobrepoblación y violaciones a derechos humanos.

​Las denuncias contra el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, ubicado en la capital de Puebla, no son recientes.

​Desde noviembre de 2025, familiares de internos han realizado protestas y bloqueos para exigir la intervención de las autoridades ante presuntos cobros ilegales, venta de drogas, comercialización de teléfonos celulares y agresiones contra quienes no entregan dinero.

​El 14 de noviembre de 2025, alrededor de 50 familiares bloquearon el Camino al Batán para denunciar que algunos internos debían pagar hasta ocho mil pesos semanales para evitar golpizas.

​Durante aquella movilización señalaron a Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como Los Primitivos, así como a Marcos Pavón, alias El Nenuco, como presuntos responsables de controlar actividades ilícitas dentro del reclusorio. Estas acusaciones no representan responsabilidades penales acreditadas.

​Durante 2026, los señalamientos continuaron. Familiares denunciaron cuotas de hasta 3 mil pesos semanales, cobros para abandonar áreas de castigo y exigencias económicas para acceder a determinados espacios y servicios.

​También reportaron pagos relacionados con el acceso al agua, productos de higiene y otras necesidades básicas.

​La situación escaló el 10 y 11 de noviembre, cuando familiares realizaron movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de Puebla y la zona metropolitana.

​Los inconformes denunciaron exigencias de entre 20 mil y 300 mil pesos, además de cuotas de entre 50 mil y 60 mil pesos para permitir que algunos internos bajaran al patio y pagos de siete mil a ocho mil pesos para ocupar una celda.

​Las familias aseguraron que las exigencias económicas estaban acompañadas de amenazas y advertencias de agresiones físicas contra sus parientes si no cumplían con los pagos.

​También solicitaron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora no han frenado las presuntas extorsiones.

​La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) confirmó la dimensión de las inconformidades y el 11 de noviembre, su presidenta, Rosa Isela Sánchez Soya, informó que el organismo acumulaba 32 quejas por presuntas extorsiones y cobros ilegales en San Miguel durante 2026.

​De esos expedientes, 18 contaban con medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de personas privadas de la libertad.

​Las denuncias llegan a través de los propios internos, sus familiares y reportes telefónicos.

​A estos señalamientos se sumó la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, quien denunció presuntas condiciones inhumanas en la denominada zona W del Penal de San Miguel.

​En una publicación en redes sociales, expuso que algunos internos permanecerían encerrados sin recibir luz natural y señaló supuestos cobros de entre 30 mil y 100 mil pesos para evitar agresiones contra personas recluidas.

​La activista también advirtió sobre el presunto control de espacios y actividades por parte de grupos de internos, una situación que apunta a posibles prácticas de autogobierno penitenciario.

​Sus señalamientos se sumaron a los testimonios de familiares que han exigido una intervención de las autoridades.

​Cholula, Tepexi y Ciudad Serdán también presentan alertas

​Aunque San Miguel concentra las denuncias más específicas por extorsión, otros centros penitenciarios de Puebla también presentan problemas de gobernabilidad y condiciones de internamiento.

​El Penal de San Pedro Cholula destaca por los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que identificó condiciones de autogobierno o cogobierno en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025.

​El centro tiene capacidad para 159 personas, pero alberga a 434 internos, casi tres veces su capacidad instalada.

​Esta condición representa un riesgo para la convivencia, la seguridad y el control de las actividades dentro del reclusorio.

​Sin embargo, el diagnóstico no acredita una red de extorsión comparable con las denuncias de San Miguel.

​En Tepexi de Rodríguez, las alertas surgieron en marzo de 2026, cuando internos difundieron videos y transmisiones desde el interior del penal para denunciar presuntos malos tratos, restricciones y carencias de productos de higiene.

​La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que inició una investigación interna y realizó cambios en la dirección del centro penitenciario.

​Por su parte, el Penal Femenil de Ciudad Serdán también aparece entre los establecimientos con mayor número de inconformidades ante la CDH Puebla, aunque no existe información pública suficiente para determinar cuántas corresponden específicamente a extorsiones.

​San Miguel concentra 45% de las quejas penitenciarias

​Las cifras de la Comisión estatal muestran que San Miguel también encabeza las quejas generales por presuntas violaciones a derechos humanos.

​Entre enero y junio de 2026, la CDH recibió 210 quejas contra centros penitenciarios de Puebla. De ellas, 95 correspondieron a San Miguel, equivalente a poco más de 45 por ciento del total.

​Ciudad Serdán registró 36 expedientes; Tepexi de Rodríguez, 33, y San Pedro Cholula, 21. Los cuatro centros concentraron 185 de las 210 inconformidades.

​Estos registros no corresponden exclusivamente a extorsiones, pero permiten identificar los establecimientos que acumulan más denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.

​El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH también exhibió las deficiencias del sistema estatal.

​Puebla obtuvo una calificación de 5.10 puntos, en una escala de cero a diez, y registró problemas de sobrepoblación, insuficiencia de personal de custodia y autogobierno.

​El organismo evaluó 16 centros penitenciarios con una población de siete mil 210 personas privadas de la libertad. Entre los establecimientos con calificaciones más bajas figuraron Acatlán de Osorio, con 3.42 puntos, y Huejotzingo, con 3.84.

​Aunque San Miguel obtuvo 5.31 puntos y no presentaba sobrepoblación, de acuerdo con su capacidad instalada, las denuncias por extorsión y las quejas de familiares colocan a este reclusorio entre los principales focos de atención de las autoridades.