Suma Puebla 13 mandos policiales municipales detenidos por presuntos nexos criminales

PUEBLA, Pue., 19 de agosto de 2026.- En poco más de un año, 13 mandos y exmandos de corporaciones policiales municipales de Puebla han sido detenidos en investigaciones por presuntos vínculos con grupos criminales, protección a actividades ilícitas, filtración de información y posibles actos de encubrimiento.

El recuento corresponde a dos expedientes distintos. El primero es la Operación Cofradía, que alcanzó a siete funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital entre julio de 2025 y enero de 2026.

El segundo se abrió en julio de 2026, con la detención de seis directores de Seguridad Pública de municipios de la Mixteca y la Sierra Norte, investigados por presuntamente brindar protección a organizaciones criminales y permitir actividades relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.

A los 13 detenidos se suma un mando policial que permanece prófugo, por lo que son 14 los funcionarios identificados en los expedientes recientes.

Cofradía: siete policías de Puebla capital

La primera investigación tomó fuerza el 31 de julio de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de autoridades federales, cumplió órdenes de aprehensión contra Diego N., Lucero N., José Manuel N. e Ismael N.

La FGE informó que se trataba de funcionarios y exfuncionarios de seguridad pública municipal a quienes investigaba por presuntamente proporcionar información y protección a grupos criminales, además de generar conflictos al interior de las instituciones para obstaculizar investigaciones relacionadas con homicidios, distribución de drogas y otros delitos de alto impacto.

La investigación fue identificada como Operación Cofradía y puso bajo la lupa una presunta estructura que habría utilizado cargos dentro de una corporación policial para favorecer intereses criminales.

El expediente volvió a crecer el 9 de enero de 2026, cuando fueron detenidos Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., servidores públicos de la SSC Puebla, además de una mujer identificada como Ana Belem N.

La FGE señaló a los tres policías como presuntos integrantes de una estructura vinculada con La Barredora y los relacionó con el homicidio de dos policías municipales ocurrido el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle.

De acuerdo con la investigación ministerial, los dos agentes asesinados se habrían negado a colaborar con actividades delictivas.

Los tres funcionarios detenidos posteriormente fueron señalados por su presunta participación en el ataque y por proporcionar información sobre movimientos y operativos policiales.

Con ambos operativos, Cofradía acumuló siete funcionarios y exfuncionarios de seguridad municipal detenidos.

Seis directores detenidos en la Mixteca y Sierra Norte

El segundo expediente extendió las investigaciones hacia municipios del interior del estado.

El 13 de julio de 2026 fueron detenidos tres directores de Seguridad Pública de la Mixteca:

• David Velázquez Sandoval, de Chietla.
• Gonzalo Torres Cardoso, de Tehuitzingo.
• José Santiago Benítez Arista, de Chila de la Sal.

Horas después se confirmó la captura de tres mandos de la Sierra Norte:

• Ángel Miguel Garrido, de Tlaola.
• Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya.
• Manuel Martínez González, de Jopala.

Las seis detenciones fueron confirmadas por autoridades estatales y quedaron asentadas en registros oficiales.

La investigación se relaciona con una presunta red de protección institucional para actividades criminales en la región.

Uno de los principales puntos de la indagatoria es un narcolaboratorio localizado el 14 de junio en los límites de Tlapacoya y Jopala.

Según la investigación, los mandos policiales de la zona presuntamente habrían ordenado a sus subordinados omitir revisiones y permitir el paso de integrantes de una organización criminal y de materiales utilizados para elaborar drogas sintéticas.

Las órdenes de aprehensión fueron libradas por un juez de Huauchinango y están relacionadas con delitos como encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

En la Mixteca, las investigaciones también alcanzaron a los directores de Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, quienes fueron señalados por presuntos nexos con un grupo criminal que opera en la región.

Hasta ahora, las autoridades no han presentado una sentencia que determine responsabilidad penal de alguno de los seis mandos.

Un mando sigue prófugo

La operación dejó un pendiente.

Las autoridades también obtuvieron una orden de aprehensión contra Andy Castillo Rodríguez, jefe policial de San Felipe Tepatlán, pero no ha sido localizado.

Castillo Rodríguez es señalado dentro del expediente relacionado con los mandos de la Sierra Norte y permanece prófugo.

Atlixco suma un mando más al recuento

El recuento se amplió el 14 de agosto de 2026, con la detención de Antonio Hernández Pacheco, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública de Atlixco desde 2021.

Agentes de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión contra el funcionario sobre la Vía Atlixcáyotl, en inmediaciones de la Ex Hacienda de San Agustín.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Hernández Pacheco es investigado por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Durante la audiencia inicial, celebrada la noche del mismo viernes, un juez de control le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el 19 de agosto.

La captura ocurrió mientras el funcionario participaba, según la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, en un operativo contra presuntos asaltantes de cuentahabientes. La alcaldesa afirmó que desconocía previamente las investigaciones contra su secretario.

Con esta detención, el número de mandos policiales municipales detenidos en Puebla durante 2025 y 2026 asciende a 14 dentro del universo de casos revisados.

Hernández Pacheco, sin embargo, debe distinguirse de los seis directores de Seguridad Pública detenidos en julio por investigaciones relacionadas con presuntos actos de encubrimiento y omisiones frente a actividades criminales. En su caso, hasta el momento, los delitos informados oficialmente son abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Siete alcaldes, bajo investigación

Las indagatorias también alcanzaron a las autoridades políticas de los municipios involucrados.

El 17 de julio de 2026, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, confirmó que siete presidentes municipales estaban bajo investigación por posibles vínculos con grupos delictivos.

Los municipios son Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo, Tepatlán y Chila de la Sal.

La coincidencia con el caso de los mandos policiales resulta significativa: seis de esos municipios corresponden a los lugares donde fueron detenidos directores de Seguridad Pública y el séptimo, San Felipe Tepatlán, es donde se encuentra el mando policial prófugo.

Pero jurídicamente se trata de dos situaciones distintas.

Los alcaldes están bajo investigación, no detenidos ni sentenciados

La propia autoridad estatal ha insistido en que las investigaciones deben determinar si existieron responsabilidades y quiénes pudieron haber participado en los hechos.

Los exalcaldes que han pisado la cárcel

Puebla también acumula expedientes de presidentes municipales y exalcaldes detenidos por delitos de alto impacto, aunque no todos están relacionados con las investigaciones actuales contra los mandos policiales.

Entre los casos recientes se encuentran los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes gobernaron municipios de la región de Ciudad Serdán y enfrentaron distintos procesos penales.

También está Gerardo Cortés Caballero, exalcalde de Cuautempan, detenido en febrero de 2026 después de permanecer prófugo. Su expediente contempla acusaciones por delitos como secuestro, extorsión, narcomenudeo, portación de arma y delincuencia organizada.

Estos casos deben analizarse por separado de los siete alcaldes que actualmente están bajo investigación.

El antecedente del Triángulo Rojo

La relación entre gobiernos municipales, policías y organizaciones criminales tiene antecedentes en Puebla.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en julio de 2017, cuando fue detenido Pablo Morales Ugalde, entonces presidente municipal de Palmar de Bravo.

Su captura ocurrió en plena expansión del robo de combustible en el llamado Triángulo Rojo. Fue acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y públicamente relacionado con grupos dedicados al robo de hidrocarburo.

Morales Ugalde permaneció un año y cuatro meses en prisión.

Sin embargo, el proceso terminó sin una condena: el 10 de octubre de 2018 fue absuelto al considerar los jueces que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito que se le imputaba.

El caso se convirtió así en uno de los ejemplos más claros de la diferencia entre una acusación, una detención y una sentencia.

Atzitzintla y El Bukanas

Otro antecedente ocurrió en marzo de 2017, cuando fue detenido José Isaías Velázquez Reyes, entonces presidente municipal de Atzitzintla.

La captura ocurrió después de la desaparición y asesinato de tres agentes ministeriales. Las autoridades investigaron al alcalde y a policías municipales por presuntos vínculos con una estructura criminal relacionada con Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas.

Velázquez Reyes fue procesado y posteriormente recuperó su libertad.

El expediente forma parte de los antecedentes que marcaron la relación entre autoridades municipales y grupos dedicados a actividades ilícitas en el estado.