A 58 años del 2 de octubre, la memoria de Tlatelolco sigue viva
PUEBLA, Pue., 19 de agosto de 2026.- La extorsión mantiene presencia en Puebla pese a que durante el primer semestre de 2026 registró una disminución en las carpetas de investigación respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre enero y junio, el organismo reportó una reducción de 30.8 por ciento en las carpetas de investigación iniciadas por este delito en comparación con el primer semestre de 2025.
El dato refleja únicamente los hechos denunciados y registrados ante las autoridades, por lo que no representa la totalidad de las extorsiones que ocurren en la entidad, debido al subregistro que caracteriza a este delito.
A la par de la estadística ministerial, los reportes recibidos mediante el número 089 muestran una dimensión distinta del problema.
Entre enero y mayo fueron contabilizados 2 mil 877 intentos de extorsión y 552 casos consumados, con pérdidas económicas reportadas por 748 mil 461 pesos, de acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de acceso a la información.
Una de las modalidades que mayor atención recibió durante el semestre fue el cobro de piso, mediante el cual grupos delictivos exigen pagos periódicos a comerciantes a cambio de permitirles trabajar.
En los primeros cinco meses del año fueron documentadas 31 denuncias por cobro de piso.
Puebla capital concentró la mayor cantidad, aunque también hubo registros en municipios como San Andrés Cholula, Tehuacán, Atlixco, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Ocoyucan, Tecali de Herrera, Tepeaca, Tianguismanalco, Venustiano Carranza y Zacapoaxtla.
Uno de los principales focos de atención fue el Mercado Morelos, en Puebla capital.
En marzo, corporaciones estatales y federales realizaron distintos operativos que derivaron en la detención de personas señaladas por cobro de piso, amenazas, narcomenudeo y otros delitos.
El 1 de marzo fueron detenidas tres personas presuntamente relacionadas con el cobro de piso a comerciantes del mercado.
Posteriormente, el 10 de marzo fue detenido José Santiago N, alias El Charro, señalado por las autoridades como presunto operador de un grupo delictivo y relacionado con cobros de piso a comerciantes y distribuidores de carne.
Dos días después, las autoridades reportaron la captura de Nayeli N, alias La Blanca o La Güera, a quien vincularon con actividades delictivas en el mismo centro de abasto.
El 19 de marzo, un operativo interinstitucional terminó con la detención de 16 personas, entre ellas Luis Ángel N, alias El Topo, señalado como presunto líder de una célula dedicada a intimidar, amenazar y extorsionar a locatarios.
De acuerdo con autoridades estatales, con estas acciones sumaron 25 detenidos en una semana relacionados con cobros de piso en mercados y tianguis.
La extorsión también se presentó mediante amenazas directas contra comerciantes y sus familias.
En marzo, la FGE informó sobre la detención de tres personas en Zacatlán, quienes presuntamente exigían a una víctima 2 mil pesos diarios bajo amenaza de privar de la vida a integrantes de su familia.
La víctima habría entregado dinero durante aproximadamente 20 días antes de solicitar apoyo de las autoridades.
En otro caso, registrado en Puebla capital durante abril, tres hombres fueron detenidos después de presuntamente exigir 4 millones de pesos a un comerciante para no atentar contra él, sus familiares o empleados.
Los responsables continuaron las amenazas mediante llamadas telefónicas y finalmente acordaron recibir un pago de 20 mil pesos, momento en que fueron detenidos.
Los expedientes muestran que la extorsión puede comenzar con una amenaza directa y continuar mediante llamadas telefónicas, mensajes o encuentros presenciales.
Las modalidades de extorsión también incluyen engaños telefónicos y amenazas a distancia.
La estrategia utilizada por los delincuentes puede consistir en hacer creer a la víctima que un familiar está secuestrado, que enfrenta un problema legal o que está en riesgo de sufrir una agresión.
En otros casos, los responsables se presentan como integrantes de una organización criminal y utilizan información obtenida previamente para aumentar la presión sobre sus víctimas.
El Gobierno Federal también ha identificado en Puebla líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsiones en modalidad virtual.
La diferencia entre los intentos y los casos consumados registrados mediante el 089 permite dimensionar parte de este fenómeno: miles de personas reciben llamadas o amenazas, pero no todas terminan entregando dinero.
La FGE documentó durante el semestre investigaciones que muestran que el delito puede involucrar violencia, armas y abuso de una posición de poder.
En febrero fue detenido Gerardo N, ex presidente municipal de Cuautempan, señalado por extorsión agravada.
De acuerdo con la investigación, en octubre de 2024 habría amenazado con un arma de fuego a una persona para exigirle una camioneta y 300 mil pesos. Posteriormente, presuntamente obtuvo otro vehículo y documentos relacionados con operaciones de compraventa.
El caso fue llevado ante las autoridades ministeriales mediante una orden de aprehensión.
Los comunicados oficiales de la FGE y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal permiten identificar al menos 28 personas detenidas durante el primer semestre en casos relacionados directamente con extorsión o cobro de piso.
La cifra incluye detenciones individuales y operativos contra grupos señalados por las autoridades.
Sin embargo, no debe interpretarse como el total estatal de detenidos por extorsión, ya que la información pública disponible no constituye un padrón único y algunas personas fueron señaladas también por otros delitos.
El dato sí permite identificar la respuesta de las autoridades ante algunos de los casos denunciados durante el periodo.
La reducción de 30.8 por ciento en las carpetas de investigación representa un descenso estadístico, pero no necesariamente significa que todas las modalidades de extorsión hayan disminuido en la misma proporción.
El SESNSP construye sus estadísticas a partir de las carpetas y averiguaciones reportadas por las fiscalías estatales. Por ello, sus registros dependen de que las víctimas denuncien y de que los hechos sean incorporados a una investigación.
En la extorsión existe además un factor que dificulta conocer la dimensión real: el miedo.
Una víctima puede decidir pagar, cambiar de número telefónico, cerrar temporalmente su negocio o simplemente no acudir ante la autoridad por temor a represalias.




