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La SSP Estatal admitió que grupos criminales utilizan a menores de edad para actividades ilícitas.
PUEBLA, Pue., 13 de mayo de 2026.- En Puebla, el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una preocupación para las autoridades.
El problema combina pobreza, deserción escolar, violencia familiar, consumo de drogas, desapariciones y el uso masivo de redes sociales como mecanismo de captación.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal admitió este 2026 que grupos criminales utilizan a menores de edad para actividades ilícitas, principalmente narcomenudeo y vigilancia criminal.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, reconoció que las organizaciones delictivas consideran a los adolescentes apetitosos debido a las limitaciones legales para procesarlos penalmente.
Los jóvenes son utilizados como halcones, distribuidores de droga, conductores, cobradores de piso o incluso personas sometidas a entrenamiento criminal.
De acuerdo con fuentes de inteligencia policial, grupos criminales usan TikTok, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer adolescentes mediante ofertas falsas de empleo, promesas de ingresos altos, motocicletas, ropa de marca o una supuesta vida de prestigio.
El fenómeno se intensificó después de los hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos denunciaron la existencia de centros de adiestramiento ligados al reclutamiento forzado de jóvenes.
El caso provocó alarma nacional y obligó a varios estados, incluido Puebla, a reconocer públicamente la vulnerabilidad de los adolescentes.
En Puebla, autoridades estatales identificaron que algunos jóvenes desaparecidos en municipios como Amozoc habrían sido captados mediante falsas oportunidades laborales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó en 2025 que varios adolescentes localizados presentaban características compatibles con entrenamiento criminal, incluyendo el rapado de cabello y señales de sometimiento.
El mecanismo suele repetirse: ofertas de empleo como guardias de seguridad, ayudantes de carga o trabajo agrícola; traslados fuera de sus municipios; aislamiento; y posteriormente coacción para participar en actividades ilícitas.
Autoridades de prevención del delito señalaron que planteles de educación media superior, particularmente Cobaep y Conalep, han sido identificados como espacios donde grupos criminales buscan captar jóvenes vulnerables.
La lógica criminal, apuntaron, es simple: adolescentes de entre 14 y 17 años representan mano de obra barata, fácilmente sustituible y con menores consecuencias penales.
Muchos provienen de colonias atravesadas por economías ilegales relacionadas con robo de combustible, narcomenudeo o robo de transporte de carga.
Las fuentes de seguridad consultadas señalaron que el reclutamiento no siempre inicia con violencia.
A menudo, abundaron, comienza con favores menores: vigilar calles, entregar paquetes o avisar sobre movimientos policiacos. Posteriormente llegan amenazas, endeudamiento por consumo de drogas o coerción directa.
El aumento de desapariciones en Puebla incrementó las alertas sobre posibles redes de captación criminal.
Datos de la FGE refieren que en 2024 se iniciaron mil 931 investigaciones por desaparición, la cifra más alta del último lustro.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó cientos de menores desaparecidos en la entidad durante 2024.
Aunque no todas las desapariciones están vinculadas al crimen organizado, colectivos y expertos sostienen que existe un subregistro sobre adolescentes captados por grupos delictivos.
El problema se agrava porque muchas familias tardan en denunciar o creen inicialmente que sus hijos se fueron por voluntad propia.
Municipios del área metropolitana, el llamado Triángulo Rojo, así como corredores de alta movilidad criminal, aparecen constantemente en diagnósticos de seguridad por presencia de narcomenudeo, robo de hidrocarburo y desapariciones.
Las fuentes de seguridad advierten que no todos los casos son estrictamente forzados, existe también un reclutamiento voluntario condicionado por la precariedad.
En colonias marginadas, algunos adolescentes observan que integrantes de células criminales poseen motocicletas, armas, ropa costosa y reconocimiento local.
Para jóvenes sin oportunidades laborales ni expectativas educativas, el crimen aparece como un mecanismo de movilidad social inmediata.
Investigaciones académicas estiman que los cárteles mexicanos necesitan reclutar cientos de personas cada semana para sostener sus estructuras.
Ese flujo permanente explica por qué las organizaciones criminales buscan perfiles cada vez más jóvenes.
El fenómeno también está ligado al consumo de drogas y a la desintegración familiar.
Datos recopilados por organizaciones civiles muestran que miles de menores viven contextos de violencia doméstica, abandono o exclusión escolar.
Hasta hace poco, Puebla carecía de una tipificación específica sobre reclutamiento criminal de menores.
En 2025, el Congreso recibió iniciativas para castigar con hasta 15 años de prisión a quienes obliguen, induzcan o faciliten la incorporación de niñas, niños y adolescentes a grupos delictivos.
Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que el problema no se resolverá únicamente con penas más severas.
Señalan que las estrategias de seguridad siguen enfocadas en detenciones, mientras existen pocos programas preventivos reales en comunidades vulnerables.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ha advertido reiteradamente que niñas, niños y adolescentes enfrentan un entorno creciente de violencia, desapariciones y captación criminal en distintas regiones del país.