Pagar para sobrevivir: así funciona la economía ilegal de las cárceles de Puebla

PUEBLA, Pue., 1 de septiembre de 2026.- Entrar a prisión significa perder la libertad, pero en algunos centros penitenciarios de Puebla también puede significar entrar a una economía paralela donde el dinero determina quién duerme con mayor seguridad, quién puede utilizar un teléfono, quién recibe visitas, quién accede a determinados espacios y, en los casos más graves, quién evita una golpiza.

La radiografía oficial del sistema penitenciario poblano muestra una población de 7 mil 349 personas privadas de la libertad al cierre de 2024: 6 mil 782 hombres y 567 mujeres, distribuidas en 16 centros penitenciarios y un centro especializado. La capacidad estatal era de 7 mil 616 espacios.

Pero detrás de esas cifras existe otra realidad: la que describen familiares, internos y organizaciones de derechos humanos mediante denuncias de cobros, extorsiones, venta de productos y servicios y presuntos controles ejercidos por grupos de internos.

El caso más documentado en los últimos meses es el Centro de Reinserción Social (CERESO) de San Miguel.

El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) recogió testimonios de personas privadas de la libertad que señalaron la existencia de un autogobierno ejercido por grupos o personas al interior del penal.

El organismo advirtió que esta situación compromete la seguridad de los internos y la capacidad de las autoridades para administrar el centro.

San Miguel: pagar o exponerse

Las denuncias más recientes permiten dimensionar el costo de permanecer dentro del penal.

Familiares han expresado en diversas ocasiones, a través de entrevistas documentadas, cobros de hasta 3 mil pesos semanales para acceder a condiciones mínimas de protección, espacio y servicios.

La cuota incluiría, según esos testimonios, un lugar para dormir, acceso al baño y protección contra agresiones.

Otra denuncia ubicó el llamado derecho de piso en mil 500 pesos, además de 200 pesos diarios por el uso de una línea telefónica. A esto se sumarían precios elevados por alimentos, dulces y otros productos básicos.

Los cobros pueden escalar

En mayo de 2026, familiares denunciaron cuotas de 5 mil a 20 mil pesos para que internos pudieran abandonar la llamada estancia, utilizada como zona de castigo.

La denuncia fue presentada ante autoridades estatales y publicada en medios de comunicación.

En noviembre de 2025, familiares también denunciaron pagos semanales de alrededor de 8 mil pesos para evitar golpizas.

Señalan que algunas cuotas eran depositadas en cuentas bancarias y que quienes no pagaban podían ser víctimas de agresiones.

El teléfono: otra mercancía de alto valor

En una cárcel donde oficialmente los teléfonos celulares están prohibidos, el aparato se convierte en una mercancía estratégica.

Las autoridades han encontrado reiteradamente equipos telefónicos, cargadores y accesorios en los penales. En Tepexi, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal reportó decomisos de teléfonos, accesorios, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros objetos prohibidos.

El problema no termina con introducir el aparato

Los testimonios publicados en 2026 señalan cobros por utilizar líneas telefónicas dentro de San Miguel.

En algunos casos, los pagos incluso habrían transitado del efectivo a transferencias bancarias, lo que muestra una sofisticación mayor en los mecanismos de cobro denunciados.

El fenómeno preocupa a las autoridades porque los celulares también pueden convertirse en herramientas para cometer extorsiones desde prisión.

En agosto de 2025, el gobierno estatal informó que, dentro de la estrategia nacional contra la extorsión, se habían asegurado 162 equipos telefónicos y otros objetos prohibidos en operativos realizados en Puebla, Tepexi, Tehuacán, Tecamachalco, Huauchinango y Acatlán de Osorio.

Cigarros, cerveza y productos básicos

Los cigarros, encendedores, alimentos, bebidas y artículos de uso personal también forman parte de las mercancías alrededor de las cuales se han denunciado cobros.

Reportes sobre San Miguel documentaron que el ingreso de determinados artículos podía implicar pagos de 10 a 300 pesos, dependiendo del producto.

Entre los artículos mencionados aparecen cigarros, encendedores, bebidas alcohólicas e insumos personales.

En octubre de 2025, la propia SSP Estatal abrió una investigación después de que circularan videos presuntamente grabados dentro de San Miguel en los que aparecían cervezas y mujeres externas al reclusorio durante una celebración.

En Tepexi también fueron localizadas latas de cerveza durante revisiones oficiales, además de sustancias y objetos prohibidos.

El dato resulta relevante porque revela una contradicción: productos que oficialmente no deberían estar dentro de una prisión terminan formando parte de un mercado clandestino.

La visita también tiene un costo

La visita familiar es uno de los puntos donde las denuncias de cobros adquieren mayor sensibilidad.

En San Miguel, familiares han denunciado pagos por recibir visitas incluso cuando éstas se encuentran autorizadas.

También existen antecedentes de denuncias por cobros relacionados con la visita íntima.

En reportes sobre el funcionamiento interno del penal se han descrito espacios privilegiados y el antiguo Pueblito, una zona que llegó a contar con construcciones irregulares y servicios que no correspondían al funcionamiento ordinario de un centro penitenciario.

Por ello, el problema no puede reducirse a cuánto cuesta una visita conyugal. La pregunta periodística es otra: ¿quién decide quién puede utilizar un espacio penitenciario y cuánto debe pagar por hacerlo?

Comida y ropa: el mercado que entra desde afuera

En mayo de 2026, familiares denunciaron restricciones para introducir comida en San Miguel. Según sus testimonios, se limitó el ingreso a alimentos colocados en bolsas de plástico y se estableció un máximo de 600 gramos por interno, con retención del excedente.

La consecuencia es que una familia puede terminar comprando alimentos dentro del propio penal o pagando por hacer llegar productos que antes podía introducir.

La ropa y los objetos personales también generan gastos indirectos. Desde el exterior, los familiares deben conocer qué prendas y artículos pueden ingresar y cuáles deben quedarse fuera. Incluso el acceso físico al penal puede generar gastos adicionales: visitantes entrevistados en años anteriores reportaron pagos de 10 a 20 pesos para guardar pertenencias en establecimientos ubicados afuera del centro.

¿Y las mujeres?

El sistema penitenciario poblano también tiene una dimensión femenina que suele quedar fuera del debate público.

Al cierre de 2024 había 567 mujeres privadas de la libertad en Puebla.

El principal centro femenil es el de Ciudad Serdán, donde las autoridades estatales han realizado operativos de revisión con participación de Marina, Defensa, Guardia Nacional y SSP. En enero de 2026, las corporaciones inspeccionaron dormitorios, áreas comunes y talleres para fortalecer el orden y la gobernabilidad.

La información pública disponible sobre Ciudad Serdán no permite sostener con el mismo nivel de evidencia que exista una estructura de autogobierno equivalente a la denunciada en San Miguel.

No todos los penales pueden meterse en la misma bolsa

En el caso femenil existen denuncias y necesidades particulares relacionadas con salud, alimentación, maternidad, visitas, higiene y reinserción.

En octubre de 2025, autoridades estatales reconocieron la necesidad de supervisar permanentemente las condiciones de las mujeres privadas de la libertad y garantizar acceso a salud, alimentación, educación, trabajo y actividades recreativas.

Tepexi: el traslado que no acabó con el problema

En noviembre de 2025, familiares y fuentes internas denunciaron que Ernesto Orea, señalado como integrante de un grupo denominado Los Orea, habría trasladado su influencia desde San Miguel hacia Tepexi y buscado establecer un esquema de autogobierno.

Las acusaciones incluían control de teléfonos, negocios internos y posibles cobros de extorsión.

La versión no equivale a una resolución judicial que confirme el control del penal.

Sin embargo, sí existe un dato oficial que muestra que Tepexi se convirtió en un foco de vigilancia: entre julio y septiembre de 2025 se realizaron cinco operativos de revisión, con decomisos de celulares, armas hechizas, bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

En marzo de 2026, la SSP informó además que investigaba videos presuntamente grabados por internos de Tepexi y que había reforzado la supervisión después del cambio de director.

En abril, 11 internos fueron trasladados de San Miguel a Tepexi como parte de acciones para mantener el orden y la gobernabilidad.

¿Autogobierno o cártel?

La evidencia disponible permite afirmar que existen denuncias y testimonios sobre autogobierno en San Miguel y señalamientos similares en Tepexi. La propia CDH Puebla recogió testimonios que hablan de autogobierno en el penal de Puebla.

Pero una cosa es el autogobierno penitenciario y otra afirmar que un cártel controla formalmente una prisión.

En San Miguel han aparecido acusaciones que relacionan a determinados internos con grupos delictivos y se han mencionado nombres y alias. También existen denuncias de extorsiones realizadas desde el interior supuestamente a nombre de organizaciones criminales.

Sin embargo, no existe en las fuentes oficiales revisadas una acreditación pública de que un cártel específico tenga el control integral de San Miguel, Tepexi, Ciudad Serdán o el resto del sistema penitenciario estatal.

Lo que sí aparece con mayor claridad es un modelo distinto: grupos de internos que adquieren capacidad económica y territorial dentro del penal, controlan determinados servicios o espacios, cobran por protección y aprovechan redes de corrupción para mantener actividades prohibidas.

Es decir, el fenómeno puede funcionar como un autogobierno criminalizado sin que necesariamente exista una estructura formal de un cártel gobernando todo el centro.

La prisión paralela

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa cuánto dinero puede circular.

En 2020, el gobierno de Puebla destinó 453.5 millones de pesos a los entonces tres principales penales estatales: San Miguel, Tepexi y Ciudad Serdán. El gasto equivalía a aproximadamente 218 pesos diarios por persona privada de la libertad, según cifras del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales de ese periodo.

Frente a ese gasto público existe una economía privada y clandestina que, de acuerdo con denuncias recientes, puede exigir miles de pesos semanales a determinadas familias.