Nada Personal

01 de septiembre de 2026

5:30

Por Pablo Ruiz Meza

Informalidad laboral debilita a sindicatos

Es tal el crecimiento de la economía informal, supera el 52 por cinto nacional y 70 por ciento en Puebla, que se refleja en el empleo formal -los asegurados permanentes del IMSS- empieza a golpear a los sindicatos de industria, comercio y servicios.

Pero no sólo lo resiente el empleo formal, las finanzas públicas dan luces de esa realidad económica de la informalidad, por la caída de la recaudación del ISR.

Con la base al reporte de la Secretaría de Hacienda, el impuesto que mayor recaudación le deja a la Federación, el ISR, se desplomó 7% en términos reales en el primer semestre de 2026.

La Secretaría de Hacienda explicó la caída en la recaudación de ISR se debe a los menores pagos del impuesto asociados a la declaración anual de personas morales.

Hacienda confirma la caída del empleo formal, el desplome del empleo asegurado con registro de empleados por los patrones, y las cifras no mienten, un caída terrible.

En esta cadena devastadora de la economía y empleo informal aparecen los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo, que como como titulares de la contratación, son menores las plazas de base declaradas, porque cae la contratación.

Lejos de ver incrementada la contratación de personal, principalmente en la industria, disminuyen las plantillas laborales por la ola de despidos en el sector automotriz.

Este tipo de despidos están relacionados con los recientemente en la planta Volkswagen, 1 mil 200; el cierre de la planta Nissan en Cuernavaca, Morelos el semestre pasado, y el traslado de la producción de camionetas de México a Estados Unidos, de Toyota Motor Corp.

Es el sector automotriz el mejor ejemplo de la pérdida de empleos formales, pero son más las empresas de industria que reducen personal, como ocurrió con la estadounidense Stanley, que cerró su planta en Puebla.

El impacto es obvio en el mercado laboral, con los efectos en perjuicio de la recaudación de impuestos (ISR) y la caída de los asegurados permanentes en el IMSS (y lo que implica la pérdida de cuotas patronales para financiar los servicios médicos y pensiones).

Esta tendencia negativa en la economía en el mercado de trabajo afecta de manera directa y “silenciosa” la membresía y fuerza de los sindicatos de industria contemplados en el Apartado A del de la Ley federal del Trabajo.

Otro datos significativo para dimensionar la tendencia de la economía nacional: en julio de 2026, la tasa de informalidad laboral en México se ubicó en 56.2 % de la población ocupada, lo que equivale a 34.1 millones de personas (reportó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI).

De la Población Económicamente Activa (PEA) de 62.6 millones de personas, son 60.8 millones de la población ocupada y en la informalidad, 34.1 millones de trabajadores.

Los sindicatos están excluidos de cualquier posibilidad de reclutar a esos 34.1 millones de trabajadores porque carecen de contrato, salario y prestaciones, sin servicios médicos ni fondos de retiro jubilatorio.

En Puebla son 2.2 millones de trabajadores en esas circunstancias, a las que se han sumado a las filas de la informalidad y el desempleo los 1 mil 200 de VW y 600 de la empresa Stanley.

Con este panorama, los sindicatos que afilian a trabajadores del Apartado A de la LFT pierden capacidad de negociación y fuerza gremial, entran a una etapa de sobrevivencia, y centrales obreras como la CTM, CROC, etcétera, se disputan con la delincuencia el cobro de cuotas de negocios en la informalidad, principalmente en los sectores comercio y servicios.

Agrupaciones en Puebla como Antorcha Campesina, Vendedores 28 de Octubre y diversas agrupaciones de comerciantes, que sustituyen a los sindicatos cobrando el derecho de piso o la extorsión a micronegocios en la informalidad.

Se trata de “cuotas” al margen de la ley que van a los bolsillos de mafias de líderes, sin ninguna obligación contributiva a las finanzas públicas, evadiendo obligaciones como la seguridad social y los servicios médicos obligatorios, que sustituyen con el servicio de salud IMSS-Bienestar, con cargo a las finanzas públicas de los contribuyentes.