Puebla mantiene zonas de riesgo para mujeres; feminicidios siguen invisibilizados
PUEBLA, Pue., 7 de agosto de 2026.- Amenazas de tiroteos, filtraciones de datos, venta de drogas y desapariciones han convertido la seguridad de los planteles educativos en un desafío que va más allá de impedir el ingreso de personas ajenas.
En Puebla, distintos episodios registrados durante 2026 y años anteriores han puesto bajo la lupa la capacidad de escuelas y universidades para prevenir y responder ante nuevas formas de riesgo.
Cuando la amenaza llega desde Internet
En octubre de 2025, una amenaza de ataque al interior de Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) encendió las alertas. Un estudiante fue detenido después de anunciar una supuesta “masacre” y vincular su amenaza con contenidos del movimiento Incel.
El ataque no ocurrió, pero el episodio mostró uno de los nuevos riesgos que enfrentan los planteles: amenazas difundidas en internet que pueden provocar movilizaciones de seguridad aun cuando finalmente resulten falsas.
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Durante abril de 2026 se popularizaron las amenazas de tiroteos falsos. En Puebla se registraron al menos cinco casos, principalmente en secundarias y bachilleratos.
A nivel nacional, de acuerdo con un registro hemerográfico, hasta mayo se habían contabilizado más de 150 amenazas.
Estos episodios han obligado a mirar la seguridad escolar más allá de las instalaciones físicas y considerar también los riesgos que pueden comenzar en redes sociales o plataformas digitales.
La seguridad también está en los datos
La seguridad de los estudiantes tampoco termina en las puertas de los planteles. Durante 2026, instituciones educativas han enfrentado incidentes relacionados con la protección de información personal y sistemas digitales, lo que abre otro frente de vulnerabilidad: la ciberseguridad.
En abril también se registró el hackeo de la plataforma del Gobierno Federal relacionada con la beca “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en la que estudiantes de la BUAP y del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) eran acreedores al apoyo económico.
En esta filtración de información se expusieron datos sensibles de estudiantes y el fenómeno afectó a varias universidades del país.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aceptó en enero de este año que habían sido hackeados cinco de sus 150 mil sistemas informáticos.
Así, la protección de la comunidad estudiantil también enfrenta un desafío que ocurre fuera de las aulas: mantener seguros los sistemas y los datos personales de quienes forman parte de las instituciones educativas.
¿Qué pasa cuando un universitario desaparece?
Aunque no se han reportado desapariciones de estudiantes en las principales universidades de Puebla durante este año, Quadratín Puebla evidenció que son pocas las universidades que cuentan con un manual de protocolos específico para actuar en caso de desaparición de alguno de sus estudiantes, a diferencia de la UNAM.
La revisión de los mecanismos disponibles muestra diferencias entre instituciones:

La relevancia de contar con mecanismos de prevención y reacción adquiere otra dimensión al observar que, de acuerdo con un recuento realizado por Quadratín Puebla, al menos 23 estudiantes han muerto durante la última década al ser víctimas de hechos delictivos.
El recuento señala que las principales causas de muerte estuvieron relacionadas con feminicidio y robo, mientras que el sector más vulnerado fue el de estudiantes de universidades públicas.
Drogas, otro riesgo cerca de los planteles
La seguridad de los estudiantes también enfrenta riesgos relacionados con el consumo y comercialización de drogas.
La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron la presencia de venta de drogas en forma de gomitas de dulces o brownies cerca de planteles escolares, entre ellos Ciudad Universitaria de la BUAP.
Aunque solo se ha detectado un punto de venta, en algunas páginas de universitarios existen solicitudes de este tipo de productos mediante perfiles anónimos.
La presencia de estos productos en las inmediaciones de los planteles abre otro frente para las instituciones educativas y las autoridades encargadas de la seguridad: prevenir que los estudiantes sean expuestos a la comercialización de sustancias dentro o en los alrededores de sus espacios de estudio.
Los casos documentados durante los últimos meses muestran que la seguridad escolar ya no se limita a controlar quién entra y quién sale de un plantel. Las amenazas difundidas por internet, la protección de datos personales, las desapariciones y la venta de drogas forman parte de un escenario más amplio en el que las instituciones educativas deben contar con mecanismos de prevención y respuesta.