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PUEBLA, Pue., 14 de octubre de 2025.- Organizaciones sociales, colectivos y pueblos indígenas denunciaron presuntamente una serie de amenazas y hostigamientos que los obligaron a cambiar la sede del Tercer Foro Regional por la Defensa de la Vida y los Territorios, originalmente previsto para realizarse este 11 y 12 de octubre en Los Reyes Metzontla, Puebla.
El encuentro, convocado como parte de la Jornada Nacional e Internacional por el Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, fue trasladado al Centro de Formación para la Autonomía Teocentli en la ciudad de Tehuacán, luego de que las agresiones se intensificaran en vísperas del evento, particularmente contra las mujeres de la comunidad indígena ngiwa, anfitrionas del foro.
De acuerdo con el boletín difundido por las organizaciones firmantes, las amenazas provienen de intereses mineros vinculados con concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Minas del gobierno federal. Entre ellas, destacan tres títulos vigentes que, aseguran, afectan territorios Ngiwa y mixtecos: el Lote Cactus Fracción 1, con una superficie de 479 hectáreas; el Lote Cactus III, de 97 hectáreas; y el Lote Los Reyes, de 100 hectáreas, concesionados a particulares desde 2011 y 2012 por periodos de hasta 50 años.
Los pueblos denunciaron además la complicidad de autoridades locales de Reyes Metzontla, en particular de la regidora de Gobernación, Seime Juárez Hernández, y del comisariado de bienes ejidales, Claudio Flores Balderas, a quienes acusan de actuar como operadores políticos de las mineras. De acuerdo con el documento, ambos funcionarios advirtieron que no garantizarían la seguridad de los asistentes al foro y deslindaron cualquier responsabilidad “si llegara a pasar algo”.
Las organizaciones también señalaron al asesor Rolando Aguilar, presuntamente vinculado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por promover acuerdos con empresas mineras bajo la figura de “concesiones comunitarias” que, según denuncian, buscan legitimar el despojo de territorios y dividir a las comunidades.
El pronunciamiento acusa que las actividades mineras en la región se desarrollan de manera ilegal y con la omisión de autoridades ambientales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pese a que se ha denunciado la extracción de minerales como hierro, silicio y manganeso en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
Ante este panorama, los pueblos y colectivos exigieron garantías de seguridad e integridad para las personas participantes en el foro, una investigación inmediata de las amenazas y la cancelación definitiva de las concesiones mineras en territorio ngiwa.
El foro reubicado en Tehuacán se mantiene como un espacio de reflexión y denuncia frente al despojo y la militarización de los territorios indígenas. Las organizaciones concluyeron con un llamado urgente:
“¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y todos los pueblos en resistencia! ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!”