Puebla erradica pensiones doradas: Exgobernadores sin pagos del erario

PUEBLA, Pue., 9 de abril de 2026.– En Puebla, la figura del exmandatario beneficiado de por vida por el presupuesto público ha quedado en el pasado. Actualmente, el estado no cuenta con ningún marco legal que otorgue pensiones vitalicias a quienes ocuparon la gubernatura, consolidando una política de austeridad y contención del gasto público.

​Bajo este esquema, personajes como Melquiades Morales Flores o Guillermo Jiménez Morales no perciben ingresos mensuales del erario estatal por sus periodos de mando. Sus ingresos, en caso de existir, se limitan estrictamente a jubilaciones ganadas por años de servicio y aportaciones individuales como servidores públicos, bajo las reglas del sistema general.

​Restricciones por situación jurídica y fallecimiento

​La política de cero pensiones especiales se aplica con rigor en casos específicos:

• ​Mario Marín Torres: Debido a su actual situación jurídica (en reclusión), el exgobernador no goza de ningún beneficio económico institucional.
• ​Miguel Barbosa Huerta: Tras su fallecimiento, se confirmó que su viuda no recibe recursos públicos derivados del cargo que ocupó el mandatario.
• ​Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso: Los recursos asociados a su patrimonio y seguros se mantienen exclusivamente en el ámbito privado, sin carga al erario estatal.

​La Reforma de 2026: Un tope a los excesos

​El cambio se formalizó con la reforma publicada el pasado 27 de marzo de 2026, la cual desmanteló el esquema de las llamadas "pensiones doradas". Antes de este ajuste, se detectaron exfuncionarios administrativos que percibían entre 100 mil y 128 mil pesos mensuales.

​Con la nueva normativa, ninguna pensión de exservidor público podrá exceder los 70 mil pesos mensuales (equivalente al 50 % del salario del Presidente de la República).

​Fin de los privilegios personales

​Además de los pagos directos, el Gobierno de Puebla eliminó los servicios accesorios que históricamente se brindaban a los exmandatarios:

1. ​Seguridad: Se canceló la asignación de escoltas y vehículos oficiales con cargo al presupuesto, salvo excepciones de seguridad nacional justificadas.
2. ​Casa Puebla: La antigua residencia oficial dejó de ser un espacio habitacional para gobernadores, eliminando altos costos de manutención para ser reconvertida en un centro de uso público.
3. ​Salud: Se eliminaron los seguros médicos privados; ahora, los altos funcionarios y exmandatarios deben acudir al sistema de salud público o cubrir sus gastos médicos de forma particular.