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PUEBLA, Pue., 23 de marzo de 2026.- Los mercados municipales de Puebla, históricamente centros de abasto y actividad económica, enfrentan desde hace años una problemática persistente: la extorsión a locatarios, conocida como cobro de piso.
Este fenómeno, vinculado a células del crimen organizado, ha encontrado en estos espacios alta circulación de efectivo, redes comerciales informales y limitada vigilancia permanente.
El caso más reciente que evidencia esta situación es el del Mercado Morelos, ubicado al norte de la capital de Puebla, donde la semana pasada autoridades estatales detuvieron a 16 personas presuntamente vinculadas con una célula de La Familia Michoacana dedicada a extorsionar a comerciantes.
Entre los detenidos, como lo dio a conocer Quadratín Puebla, se encontraba un hombre identificado como líder del grupo, señalado de coordinar amenazas, cobros semanales y actos de intimidación contra locatarios.
Las investigaciones apuntaron a que esta organización operaba mediante esquemas de presión directa: visitas a los negocios, exigencia de cuotas y advertencias de violencia en caso de incumplimiento.
La captura se logró tras denuncias anónimas y operativos focalizados en la zona.
El Mercado Morelos no es un caso aislado, ya que diversos mercados municipales de Puebla, como La Acocota, Unión, Hidalgo y Emiliano Zapata, han sido señalados por comerciantes como puntos donde grupos delictivos ejercen control parcial mediante extorsión.
En estos espacios, los locatarios refieren pagos periódicos para poder trabajar sin ser agredidos o despojados de mercancía.
El patrón se repite: grupos que operan en células, presencia constante en pasillos y accesos, y uso de violencia para mantener el control.
En algunos casos, las extorsiones se extienden a proveedores y transportistas, lo que impacta directamente en los precios al consumidor.
La presencia de La Familia Michoacana en estos esquemas no es fortuita, este grupo criminal ha diversificado sus actividades hacia la extorsión como una de sus principales fuentes de ingreso, además del narcotráfico y otros delitos.
Su modelo, según lo consultado con fuentes de inteligencia policial, incluye el control de economías locales mediante amenazas, cobros obligatorios y vigilancia territorial.
En Puebla, la operación de estas células refleja una lógica similar: dominio de zonas específicas y aprovechamiento de espacios con alta actividad comercial.
Los mercados, por su dinámica diaria, se convierten en puntos estratégicos para estas prácticas.
A pesar de los operativos recientes y las detenciones, comerciantes consultados refieren que el problema persiste.
Señalan que el miedo a represalias limita las denuncias formales, lo que dificulta la desarticulación completa de estas redes.




