Nada personal
La agresión contra la reportera Belén Castellanos y el camarógrafo Antonio Pineda, de Imagen Televisión Puebla, no es un hecho aislado ni una anécdota urbana. Es una postal incómoda de los riesgos reales que implica ejercer el periodismo en México, particularmente para quienes trabajan a ras de calle.
Mientras el debate público suele concentrarse en grandes discursos sobre libertad de expresión, en la práctica el oficio se ejerce entre insultos, empujones, amenazas y, cada vez con mayor frecuencia, agresiones físicas. El periodismo, en muchos casos, se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
México es hoy el segundo país del mundo con más periodistas asesinados, solo por debajo de Palestina. La cifra no es retórica ni exagerada: es un dato que debería sacudir conciencias, pero que con el paso del tiempo parece haberse normalizado entre la indiferencia social.
Lo más grave es que buena parte de esas agresiones no provienen únicamente del poder político o del crimen organizado. Muchas veces surgen desde una sociedad irritada que confunde al mensajero con el origen del problema, al reportero con la causa de su enojo.
Los periodistas de a pie no legislamos, no diseñamos políticas públicas ni tomamos decisiones que impacten la vida colectiva. No fijamos tarifas, no privatizamos servicios, no toleramos ilegalidades. Nuestra función es observar, documentar y narrar lo que ocurre, aunque incomode.
Sin embargo, hoy en día, muchas veces se debe ejercer este oficio sin herir susceptibilidades, como si informar fuera una provocación y no un derecho social básico.
Sí, existen periodistas que venden su verdad y acomodan la realidad según conveniencia. Pero, casi siempre, ellos no están en la calle. No están frente a una cámara, no caminan banquetas, no reciben golpes ni terminan en una fiscalía tras cumplir con su trabajo.
Belén y Toño estaban haciendo periodismo, no militancia ni activismo. Estaban documentando una actividad ilegal cuando fueron agredidos por un sujeto que decidió responder con violencia a la mirada incómoda de una cámara.
El mensaje es peligroso. Quien controla la calle a golpes pretende también controlar la narrativa. Y cuando la violencia se vuelve una herramienta para silenciar, el daño no es solo para los periodistas, sino para la sociedad entera.
Desde este espacio, mi solidaridad con Belén Castellanos y con mi amigo Antonio Pineda, el estimado Chicapis. Que el caso no se diluya y que la agresión no se normalice sería el mínimo gesto de dignidad institucional y social.
Porque cuando se agrede a un periodista por informar, no se ataca a un medio: se golpea el derecho de todos a saber.